Nuevas inspecciones  ordenó el fiscal de Ancud, Jorge Raddatz, en la investigación por daño a un sitio arqueológico en esa ciudad de la X Región, supuestamente ocasionado por los contratistas que construyen el puente sobre el canal de Chacao, y cuyo mandante es la Dirección de Vialidad del MOP. La fiscalía, a través de la Brigada de Medio Ambiente de la PDI,  constató la veracidad del hecho y ahora determinará responsabilidades. "Por tratarse de hitos que son  monumentos nacionales, la concesionaria  debía dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), y no lo hizo. Existe la posibilidad de que se hayan alterado otros hitos o que estén en riesgo, por lo que se efectuarán nuevas diligencias en esa línea", puntualizó Raddatz.

El sitio destruido corresponde a la Batería Remolinos, fortaleza hispánica del siglo XVII. Según el oficio de la  denuncia, interpuesta por el  Consejo de Monumentos en la fiscalía, el sitio estaba protegido por un área de restricción debidamente señalizada. Sin embargo, con el fin de habilitar un camino, la empresa hizo excavaciones  de un metro de profundidad en una franja de 40 metros de largo, y se removió superficialmente el 80% de sitio arqueológico.

"Chiloé es patrimonio cultural de la humanidad, y si una obra pública, licitada a privados, destruye ese patrimonio, es algo grave. Por eso, pedimos a la Presidenta Bachelet que detenga la obra, por todos los errores y vicios ya conocidos, sumándose ahora este daño a nuestro patrimonio", precisa Juan Carlos Viveros, presidente del Movimiento Defendamos Chiloé. A su juicio, también hay una responsabilidad de los organismos del Estado supervisores.

Según el Colegio de Arquitectos de Chiloé, al excavar en la isla es muy probable encontrar sitios de interés arqueológico, por lo que preocupa el eventual daño que podría seguir generándose. "Lo que pasó con la Batería Remolino es una muestra de lo que pasa en el país, en que, por favorecer una obra feroz del libre mercado, se pasa a llevar la identidad cultural de los territorios. Y la reacción del Estado es nula, las obras siguen como si nada", dijo Jorge Espinoza, presidente del Colegio de Arquitectos de Chiloé, organismo que no descarta sumarse a la querella en curso.

El CNM también ofició a la Contraloría para que inicie un sumario administrativo contra los funcionarios de Vialidad. Al respecto, Contraloría informó que hay una auditoria en marcha, cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas.

Para explicar el hecho, en el oficio enviado por el jefe del departamento del medio ambiente y territorio de la dirección de vialidad al Movimiento Defendamos Chiloé, se señala (textual) que "se produjo la intervención accidental de un sitio arqueológico, que si bien aparece mencionado en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto , no poseía coordenadas conocidas al momento de dicha intervención".

Consultado el MOP, respaldó esta tesis y señaló que se implementaron todas las medidas de resguardo solicitadas por CMN.