El fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, abrió una investigación de oficio contra Carlos Marín Orrego, dueño de la corredora del mismo nombre, y hasta hace unas semanas presidente de la Bolsa de Valores de Valparaíso, por presunto fraude y apropiación indebida denunciado por un grupo de clientes.
Cerca de 15 clientes de la firma porteña, que también tiene operaciones en Santiago y que están siendo representados por el abogado viñamarino, Jaime Vizcarra, acusan que no se les ha devuelto el dinero de instrumentos financieros pactados con la corredora de Marín, dicen fuentes conocedoras. La Fiscalía ya habría tomado declaraciones de clientes y del dueño de la gestora. La plaza bursátil de Valparaíso también habría entregado antecedentes al fiscal.
Según ha trascendido, el fraude habría sido con operaciones de depósitos a plazo que ofrecía con una rentabilidad fija, pero que no habría invertido. En la Fiscalía en Santiago, en tanto, hasta ahora no habría una investigación iniciada.
Cabe destacar que el pasado 2 de noviembre la corredora pidió cancelar su inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), aunque sin entregar mayores detalles. Al día siguiente, Carlos Marín renunció a la presidencia de la Bolsa. Desde ese día, este medio se ha intentado comunicar sin éxito con el ex dueño de la corredora.
Regulador
A través de un oficio, la SVS pidió a Marín Orrego el 3 de noviembre que "informara las obligaciones que se encontraban pendientes de pago o liquidación y, además, la determinación de los índices de liquidez y solvencia patrimonial y patrimonio depurado al cierre de los días 30 de septiembre de 2016, 28 de octubre de 2016 y 2 de noviembre de 2016 y estados financieros referidos a las mismas fechas".
El 7 de noviembre respondió, pero sin indicar las deudas con los clientes, y sólo remitió información al 30 de septiembre.
"La sociedad no ha demostrado ante este Servicio que cumple con el patrimonio mínimo y con las condiciones de liquidez y solvencia requeridos", dice el oficio. La corredora debía contestar la información faltante el 9 de noviembre, pero ayer en la carpeta pública en la SVS, no figuraba su respuesta.