Un informe reservado de Carabineros -que ayer llegó a manos de la Fiscalía Sur- alertó del presunto nexo que tendría el único detenido por el atentado que afectó al retén de Las Vizcachas, en el sector precordillerano de la Región Metropolitana, con otros cuatro bombazos a entidades públicas y bancarias.
Cerca de las 0.40 del sábado 9 de febrero, un testigo reservado dijo haber visto a encapuchados subir al vehículo que conducía V.H.M.E. (22). Por este motivo, dijo, "decidí seguirlos, pero iban a alta velocidad". Su copiloto, sin embargo, anotó la patente del automóvil, que luego entregó a la policía.
Tras su arresto, el sospechoso negó haber participado del atentado, en que resultó lesionado el cabo segundo Sebastián Rosales, quien sufrió un trauma acústico y contusiones leves. Por estos hechos, el detenido -de profesión relacionador público y que se declaró vegano- fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Puente Alto y quedó en prisión preventiva. La fiscalía le imputó el delito de colocación de artefacto explosivo terrorista, por el que arriesga hasta 10 años de cárcel.
Luego de ser arrestado, el sospechoso declaró ante la policía que se había quedado en el vehículo "escuchando música". Para corroborar o descartar esta historia, la fiscalía registró las cámaras de vigilancia del sector, para comprobar la ruta que el detenido dijo haber efectuado, sin encontrar coincidencias.
El abogado Rodrigo Román, defensor del profesional, expresó que "hay una débil imputación y no existen pruebas en su contra".
Ataques similares
Además del ataque al retén policial, el fiscal regional de la zona Sur, Raúl Guzmán, vinculó al sospechoso con los bombazos a la División de Logística del Ejército, el 28 de noviembre de 2011, y a la Fiscalía local de La Florida, el 29 de noviembre del mismo año.
Además, los relacionó con los atentados que afectaron al banco BCI de calle Beauchef, en Santiago, el 1 de marzo de 2012, y el que dañó al Juzgado de Garantía de Puente Alto, el 4 de julio pasado.
Según el informe reservado N° 385 de Carabineros, "existen evidentes similitudes en la manufactura de los artefactos explosivos, en lo que dice relación a la utilización de baterías de 9 volts (...), situación que los hace particulares, ya que en otros artefactos explosivos analizados existen pilas AA en sus respectivos portapilas, las que no se encuentran unidas artesanalmente, como en los casos antes mencionados".
El artefacto, según una pericia de la policía, estaba compuesto de dos kilos de pólvora negra y un sistema de detonación eléctrico. Según la fiscalía, al incautar especies desde la casa del sospechoso, se encontraron documentos alusivos a grupos anarquistas, así como un CD con la historia de la organización vasca conocida como "ETA".
Según el fiscal Raúl Guzmán, esta evidencia, además, contenía instrucciones para elaborar artefactos explosivos. Tras conocer estos antecedentes, la jueza Graciel Muñoz aseguró que "muchas bombas se han puesto en basureros, en cajeros, en distintos lugares, pero no así en una comisaría". Luego decretó su prisión en la cárcel de Puente Alto.
