La Fiscalía Militar israelí ha abierto seis expedientes de investigación criminal contra soldados y oficiales del Ejército por la muerte de unos 50 palestinos durante la pasada guerra de Gaza, en la sospecha de que violaron el código de conducta militar, informan hoy los medios locales.

Los casos, que ya estaban bajo investigación preliminar, incluyen la muerte de cuatro menores que el pasado 16 de julio jugaban en una playa de Gaza cuando dos proyectiles impactaron en las inmediaciones.

También se ampliará la investigación sobre el ataque a un colegio en Bet Hanún de la agencia de la ONU que se encarga de los refugiados palestinos (UNRWA), en el que murieron 15 palestinos el pasado 24 de julio, y sobre la muerte de dos conductores de ambulancias un día después en dos sucesos separados.

Unos 2.200 palestinos murieron en la última ofensiva israelí contra la franja de Gaza, la mayoría civiles, según los palestinos y organismos internacionales. 

La Fiscalía Militar israelí ha recibido más de cien denuncias de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y organismos internacionales sobre presuntos crímenes de guerra, que están siendo investigados desde el final de la guerra el 24 de agosto.

De acuerdo al derecho internacional, antes de emprender acciones jurídicas contra él, el estado denunciado tiene la posibilidad de investigar y juzgar a los responsables de cualquier delito en el campo de batalla.

Otro de los casos sobre los que el Fiscal Militar israelí ha abierto causa criminal es el de una mujer palestina que obtuvo permiso para abandonar una zona de guerra en el sur de la franja y, a pesar de ello, fue alcanzada después por los disparos de los soldados.

También investigará las muertes de 27 miembros de una misma familia en un bombardeo el 20 de julio para matar a un miliciano islamista.

En todos ellos, informan los medios locales, se han encontrado indicios de que los soldados y oficiales se habrían saltado las normas establecidas de apertura de fuego y el código de conducta militar.

Una de las principales acusaciones contra Israel en aquella guerra es la falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza militar para frenar los miles de cohetes lanzados por las milicias palestinas, encabezabas por el movimiento islamista Hamás.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha abierto también una investigación sobre los sucesos pero la comisión que ha designado para las pesquisas no cuenta con el apoyo de Israel, que considera su trabajo una "farsa". 

Este país denuncia que su presidente, el canadiense William Schabas, ha expresado públicamente en los últimos años fuertes posturas anti-israelíes y hasta su voluntad de llevar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, ante un tribunal internacional, lo que en su opinión le inhabilita como investigador imparcial.

El Fiscal Militar israelí también ha notificado el cierre de varios expedientes que estaban bajo investigación penal, entre ellos el de la muerte de siete palestinos en un ataque para matar a un comandante de la Yihad Islámica.

El Fiscal asegura que la presencia de las víctimas civiles no pudo ser distinguida durante el seguimiento visual de la operación antes del ataque y que el proyectil empleado era de pequeñas dimensiones y respondía a las necesidades operativas.

También ha cerrado el caso de un ataque contra una estación de ambulancias de la Media Luna Roja en el campo de Yabalia, tras comprobar que se lanzaron cohetes desde sus inmediaciones.