La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una demanda por colusión contra la Asociación Gremial de Ginecólogos de Ñuble y 25 de los especialistas que la conforman, luego que la indagatoria iniciada el año pasado concluyera que ejecutaron un acuerdo para fijar precios de venta de sus atenciones en el sistema de salud privado, materializando un alza generalizada de precios y poniendo término a sus contratos con las isapres, en perjuicio de los usuarios.

El requerimiento, interpuesto el miércoles ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia detalla que durante 2011, los 25 ginecólogos -que representan casi el 90% de la oferta médica de la especialidad en la zona-, se contactaron con los ejecutivos de las distintas isapres, "para negociar conjuntamente un alza, de manera de uniformar el valor de los aranceles médicos de su especialidad contenidos en los convenios vigentes suscritos entre cada médico y las isapres".

Las acciones conjuntas, llevadas a cabo por el presidente de la agrupación, Francisco Baldecchi, no prosperaron, por lo que en noviembre de ese año los médicos acordaron "poner término de manera simultánea a los referidos convenios individuales y con ello hacer efectiva el alza conjunta de sus tarifas a público, mediante el establecimiento de aranceles mínimos para las prestaciones médicas realizadas a pacientes que se atienden en la Provincia del Ñuble", consigna el requerimiento.

Así, la Asociación Gremial fijó un arancel mínimo sobre $ 25.000 para consultas y entre 4.0 y 4.4 veces el arancel de Fonasa Nivel 1 para honorarios médicos quirúrgicos. Además, se estableció que Baldecchi liquidaría los contratos y se encargaría de futuras negociaciones con isapres.

Según consigna la FNE, los médicos elevaron el precio de sus consultas desde un promedio de $ 13.000 a enero de 2012, a una suma igual o superior a $ 25.000 en los meses posteriores al supuesto acuerdo colusorio. Los honorarios quirúrgicos, en tanto, subieron desde un arancel Fonasa Nivel 1 de 3.0 a un factor fluctuante entre 4.0 y 4.4. "El actuar colusorio no ha cesado hasta la actualidad, manteniéndose el cobro de los precios mínimos acordados para las distintas prestaciones por los medios requeridos e, incluso, en ocasiones por sobre ese mínimo", afirma el escrito.

Por estas conductas, afirma la FNE, las usuarias del sistema de salud privado han debido asumir un alza de precios de atenciones, más aún las que costearon partos y cesáreas. Además, han tenido que pagar el valor total de las atenciones y luego asumir los costos asociados al trámite para obtener el reembolso en sus isapres, lo que se repite en pacientes de Chillán, Chillán Viejo y San Carlos.

Según la FNE, esto generó una "pérdida de bienestar social", asociado a una disminución de las consultas ambulatorias de la especialidad en comparación a 2011. "El éxito del cartel se evidencia en el hecho de que no obstante existir una baja en el número de prestaciones totales, los médicos han cobrado los aranceles mínimos convenidos e incluso algunos por sobre él", afirma la entidad.

MULTAS

Con estas evidencias, la FNE pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ordenar el cese de las conductas colusivas y cursar, además, a cada uno de los 24 doctores una multa de 30 UTA -más de $ 14 millones-, y una sanción de 50 UTA -$24 millones-, a Francisco Baldecchi, presidente de la agrupación. En cuanto a la Asociación Gremial, entendida como facilitadora de los ilícitos, la FNE pide su disolución y una multa de $ 48 millones.

"La conducta colusoria de los médicos ginecólogos constituye un ilícito de gran relevancia social, y ha sido calificado como el más reprobable del derecho de la competencia", concluye la FNE.

Consultado Baldecchi sobre el requerimiento, dijo que "no hemos recibido ninguna información oficial" y declinó entrar en detalles.

A su vez, el abogado del Colegio Médico, Adelio Misseroni, dijo que "se harán los descargos correspondientes y será el tribunal el que resuelva". Añadió que las asociaciones de médicos se forman para "llegar a un acuerdo con las isapres respecto de un valor referencial de las prestaciones médicas. Se hace para negociar". Respecto de las sanciones propuestas, afirmó que "dudo que se apliquen, me parecen curiosos los montos".