La Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial incorporar a tres importantes empresas peruanas dentro del caso Odebrecht por haberse asociado con la constructora brasileña en las licitaciones que esta compañía ganó ilegalmente con el pago de sobornos.
Las empresas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), cuyos ejecutivos están en prisión preventiva, son investigadas por la Fiscalía por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos.
Las indagaciones se centran en las adjudicaciones ganadas para construir la carretera interoceánica del sur, por la que se sospecha que el entonces presidente Alejandro Toledo recibió sobornos por valor de veinte millones de dólares.
En diciembre ingresaron en prisión los ejecutivos José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, de Graña y Montero; Fernando Camet Piccone, de JJCamet, y Fernando Castillo Dibós, de ICCGSA.
El caso Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica por los sobornos entregados por la compañía brasileña en distintos países para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas, además de por financiar las campañas electorales de los principales candidatos.
En Perú, donde pagó sobornos entre 2005 y 2014, las investigaciones afectan a toda la primera plana política. Ese período abarca los mandatos presidenciales de Toledo (2001-2006), con orden de captura internacional; Alan García (2006-2011), investigado por sobornos pagados para construir el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva por presunta financiación irregular de sus campañas electorales. También están investigadas la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presuntamente haber financiado campañas electorales con fondos de Odebrecht.
