Por la malversación de más de mil millones de pesos, la Fiscalía busca penas que suman 67 años de cárcel para tres funcionarios públicos y dos contratistas involucrados en el caso del fraude a la Intendencia de Valparaíso durante los años 2008 y 2009.
El Tribunal de Garantía de Valparaíso dictó el auto de apertura de juicio oral que se realizará a más tardar a mediados de marzo, el que incluirá los más de 680 medios de prueba contra los funcionarios Lorenzo Leiva Tapia, Jaime Lorca Rocca, Julio Medina Correa, y los contratistas Eugenio Aubele Guerín y Marcelo Urzúa Pérez,
Las penas que pide la fiscalía son de 5 años para Aubele, por 15 delitos de malversación de caudales públicos; 10 años y un día para Urzúa, por dos delitos de malversación de caudales públicos; 15 años y un día para Medina, por dos delitos de malversación de caudales públicos; 15 años y un día para Lorca, por 18 delitos de malversación de caudales públicos; y 17 años por 22 delitos de malversación de caudales públicos y 5 años y un día por uso de instrumento privado mercantil falsificado para Leiva Tapia.
Entre los medios de prueba habrá 56 testigos y nueve informes periciales, entre otros documentos. Uno de los fiscales del caso, Rodrigo Yáñez, señaló que la fiscalía detectó tres modus operandi distintos para cometer la defraudación fiscal, el último de los cuales, y el más complejo, consistió en generar cheques por montos simulares o iguales a montos de cheques que realmente se pagaron por proyectos del Fondo Regional de Inversión Local.
"Conforme al mérito de la investigación, generaban el cheque, lo asociaban al proyecto y con eso lo escondían, cambiándolo de cuenta hasta que al final no pudieron seguir cubriendo el engaño. Eran pagos ya efectuados. Fue una operación exclusivamente contable para ocultar los cheques, asociándolos a proyectos reales", indicó.
