Resguardo de víctimas de violencia intrafamiliar, reubicación de testigos que declararán contra bandas de crimen organizado y custodia de extranjeros afectados por trata de personas son sólo algunas de las causas en que la Fiscalía Nacional aplicó medidas de protección para asegurar el éxito de sus indagatorias.

Junto con ser delitos de alto impacto social, estos hechos también comparten un factor común: el alto costo que implica su ejecución. Cifras aportadas por el Ministerio Público destacan que entre enero y septiembre de este año se invirtieron $ 1.252 millones por el resguardo de víctimas y testigos.

De esos números, la aplicación de medidas de seguridad personal (teléfonos o alarmas) y resguardo en viviendas (reforzamiento de accesos y cambios de cerraduras) significó un desembolso de $ 428 millones para la fiscalía, lo que, en promedio, se tradujo en $ 17.215 para las 24.899 personas protegidas bajo esta modalidad (ver infografía).

La reubicación de afectados, en tanto, implicó el gasto de $ 159 millones, lo que, en promedio, significó utilizar $ 176.817 para reinsertar a 902 víctimas y testigos en distintos puntos del país. En total, estos dos ítems abarcan casi la mitad del gasto por medidas de protección.

Marcela Neira, gerenta de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, precisó que las medidas de protección autónomas (distintas a las decretadas por los tribunales) deben ser costeadas por el Ministerio Público. Neira enfatizó que es necesaria "la colaboración de otros organismos del Estado, pero no una colaboración de voluntad, sino que esté normada". Con esto, según Neira, se reducirían los gastos de la fiscalía.

Agregó que "en materia de vivienda tenemos un tema importante cuando queremos otorgar medidas de protección (...). Estos cambios no son de dos o tres meses, significa radicarme en otro lugar, por lo tanto, alguien tiene que hacerse cargo de mi deuda y darme casa en otro lado". Añadió que en el caso de los extranjeros afectados por trata de personas, "tienen visas humanitarias, pero no tienen red de salud". En cuanto al ámbito "educacional, si voy a relocalizar a una persona, sus niños tienen que cambiarse de un colegio a otro".

Al respecto, el senador de RN Alberto Espina dijo que aún "hay que avanzar muchísimo en estas medidas para las víctimas, en el sentido de que muchas veces estas duran poco tiempo, son poco expeditas".

Según la Dirección de Presupuestos, el próximo año se destinarían $ 129 mil millones para los gastos del M. Público. Sobre la discusión presupuestaria en el Congreso, Espina señaló que se tiene que analizar "cuántos recursos hay y cómo se utilizan para aumentar esa cobertura (...); los recursos se deberían incrementar".