La Fiscalía Centro Norte solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía fijar una audiencia para formalizar a un menor de 17 años imputado por amenazas proferidas en contra de la ministra de la Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez.
Según los antecedentes de la investigación, que es dirigida por el fiscal Jaime Retamal, el hecho ocurrió el 12 de febrero pasado, cuando al imputado amenazó con dar muerte a la vocera de Gobierno a través de Twitter.
Según informó el fiscal, Jaime Retamal, "el contexto del mensaje dice relación con el Plan Estadio Seguro. El adolescente reprocha duramente a su juicio, cómo se está desarrollando el plan y luego expresa la amenaza en duros términos y groseros. También, aparentemente -esto corresponde a una especulación- esto se debe a hechos acaecidos en Quillota el día antes, donde Carabineros tuvo que enfrentar barristas, lo cual generó también un dispositivo de Carabineros y algunos lesionados", detalla.
A raíz de esto, la Fiscalía Centro Norte encargó al OS-9 de Carabineros una serie de diligencias para identificar al adolescente y dar con su paradero. Tras esto, se pudo registrar su domicilio ubicado en Los Andes, donde se incautaron un celular y computadores, que están siendo periciados.
POSIBLES CASTIGOS
El vocero de la Fiscalía Centro Norte, comunicó que el joven de 17 años "arriesga penas propias de simple delito, como son las amenazas, y en conformidad con la ley de responsabilidad adolescente arriesga penas (…) como algún tipo de amonestación o trabajo comunitario", indicó
Sin embargo, el representante de la Fiscalía indicó que los hechos son graves, debido a que "se trata de una ministra de Estado que ya ha recibido amenazas a través de correos y que ha necesitado protección oficial de forma permanente en su domicilio y traslado. Además hay información que dan cuenta que este fenómeno de barras bravas ha causado algunos atentados e incluso homicidios", finalizó.
En tanto, la Fiscalía está a la espera de que el Tribunal de Garantía fije la audiencia en la que será formalizado el imputado, quien no registra antecedentes penales.