En una audiencia realizada hoy en el Juzgado de Garantía de Iquique, el fiscal regional suplente, Francisco Almazán, reformalizó la investigación en contra del alcalde de Arica, Waldo Sankán Martínez, y de los funcionarios de Conadi Cornelio Chipana y Eduardo Ramírez, imputados de los delitos de estafa y fraude al Fisco, respectivamente.

El imputado Juan Huaranca no se presentó a la audiencia, por lo cual se fijó para su caso una nueva fecha el 6 de diciembre.

En la reformalización, la fiscalía señaló que el actuar de los funcionarios públicos Chipana Herrera (subdirector nacional norte de Conadi), Ramírez Cayo (encargado de la Unidad de Tierras y Aguas de la subdirección norte) y Huaranca Vara (supervisor de proyecto), y de Sankán Martínez, en su calidad de representante legal de la consultora "Se emprende Solution Technology Tarapacá Ltda", causó un perjuicio a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ascendente a la suma de 18 millones de pesos con ocasión del proyecto denominado "Acciones de apoyo para el traspaso de predio fiscales y/o inmuebles fiscales a organizaciones indígenas de la provincia de Iquique año 2004".

Este monto es mayor al señalado en la primera audiencia de formalización de agosto del año pasado, ya que corresponde al total de las boletas liberadas en las segunda y tercera etapas del proyecto.

En la reformalización también se precisaron otros hechos que fueron recopilados durante la investigación, como que los profesionales exigidos por las bases del proyecto y ofrecidos por la consultora en su propuesta (un abogado, un antropólogo, un geomensor, una ingeniero en informática y un experto en audiovisuales), nunca fueron contratados ni prestaron servicios en el proyecto.

La fiscalía explicó que, con ocasión del citado proyecto, los imputados realizaron una serie de actuaciones con el propósito de defraudar al fisco de Chile y obtener por parte de éste la liberación de boletas de garantía a favor de Sankán Martínez. Para ello, los funcionarios de Conadi incumplieron maliciosamente los deberes que su cargo les imponían, omitiendo realizar labores de supervisión y control, y, por el contrario, emitiendo informes que daban por cumplidas las etapas del proyecto, sin que ello hubiere ocurrido realmente.

A juicio del fiscal, estos hechos configuran los delitos de fraude al Fisco respecto de los imputados Cornelio Chipana, Eduardo Ramírez y Juan Huaranca, y de Estafa respecto del imputado Waldo Sankán.