Una nueva arista sumó la disputa entre Codelco y Contraloría. A la decisión de la minera de llevar a la Justicia las diferencias sobre las facultades de fiscalización del organismo, se suma una diligencia clave del Ministerio Público en el marco de la investigación por contratos suscritos entre la cuprera y firmas relacionadas.

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, enviaron un oficio a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) solicitando las auditorías realizadas por la entidad a Codelco en los últimos 10 años.

Fuentes cercanas comentaron que la solicitud de la Fiscalía complicaría a Cochilco, puesto que la entidad considera que el contenido de sus auditorías no es público, por lo que deberá analizar jurídicamente la información que entregará a los persecutores. De acuerdo con las mismas fuentes, en los últimos tres años Cochilco habría realizado alrededor de 80 auditorías de distinta índole a la minera.

Auditoría

La solicitud de Gajardo y Norambuena es realizada en momentos que la Contraloría General de la República realiza una auditoría a los contratos realizados entre los años 2013 y 2015 por la cuprera estatal y empresas relacionadas con ejecutivos de la minera, las que habrían superado los US$ 780 millones en dicho período.

Hace unos días, Codelco se refirió a la investigación que realiza Contraloría y señaló que la cifra nace de "una diferencia interpretativa" entre ambas instituciones. Agregaron que la Contraloría estima que a Codelco se le deben aplicar artículos de la Ley de Compras Públicas, los que obligarían a su administración a informar los contratos con partes relacionadas tanto a Contraloría, como a la Cámara de Diputados. La minera agregó que se rige por la Ley de Sociedades Anónimas, para la contratación de empresas.

Además de la mencionada auditoría, Codelco cuestionó, a través de un recurso de reconsideración, las objeciones realizadas en un dictamen de Contraloría a la indemnización de $ 511 millones que recibió el ex director de la empresa estatal, Augusto González.

Tras visitar la semana pasada el Senado y la Cámara de Diputados, el contralor Jorge Bermúdez defendió el actuar de la entidad en la materia, y dijo que en ningún caso la auditoría o el dictamen sobre la indemnización de González ha cuestionado las atribuciones de la empresa, señalando que "se ha tratado de caricaturizar la posición de la Contraloría", en la materia.