Tras el cierre de la Investigación, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur presentó hoy acusación en la investigación de la operación denominada "Escalera Real" por los delitos de tráfico ilícito de droga, asociación ilícita para el narcotráfico y lavado de activos.

Los fiscales Héctor Barros y Alex Cortéz presentaron al medio día el documento ante el 15 Juzgado de Garantía de Santiago. En el escrito se acusa a 13  de los imputados por el hecho de tráfico ilícito de droga; a 10 de ellos por el delito de Asociación ilícita, y a 9 de estos por el delito de lavado de dinero.

Entre los acusados se encuentran Jorge Michel Cepeda Concha, a quien se le identifica como el líder y cabeza de la organización, y el ex policía de la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI, Cristián Ajraz.

Por Jorge Cepeda se solicita una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 100 UTM, en calidad de autor del delito de Tráfico ilícito de Drogas; a 12 años de presidio mayor en su grado medio como autor del delito de asociación ilícita y una pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, más una multa de 400 UTM, en calidad de autor del delito de lavado de activo.

Respecto del ex subcomisario de la PDI, Cristián Ajraz, entre otros hechos, se sostiene en el escrito que coordinó con Cepeda la internación y posterior traslado de droga desde Arica hasta Santiago.

"El funcionario policial se encarga de reclutar a una supuesta colaboradora, Ana María Bravo Cordero  ya condenada en esta causa, quien cumple la función de entregar información de una inexistente organización internacional que la habría contactado para ingresar aproximadamente 10 kilos de droga al país, consiguiendo en base a esta historia ficticia del Ministerio Público que se le otorgara al acusado Cristián Ajraz la calidad de agente encubierto y a la colaboradora la calidad de informante encubierta, para de esta manera concretar la internación, traslado y posterior comercialización al margen de las autorizaciones otorgadas".

Los fiscales Barros y Cortéz solicitaron una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, en calidad de autor de tráfico ilícito de drogas, más una multa de 200 UTM; y una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio en calidad de autor del delito de asociación ilícita.