Una extensa reunión sostuvo el viernes en la mañana la Presidenta Michelle Bachelet con los ministros del comité político en La Moneda.

En la cita, la Mandataria analizó con sus secretarios de Estado los últimos detalles del proyecto que prepara el gobierno para perfeccionar el sistema de financiamiento de la política, propuesta que debiera ser ingresada al Congreso en los próximos días.

La iniciativa contempla eliminar la figura de aportes reservados y prohibir las donaciones de empresas a las campañas. También La Moneda pretende conceder el financiamiento fiscal permanente  para los partidos, más allá del reembolso que reciben hoy los candidatos y las colectividades tras cada elección, dependiendo de la cantidad de votos obtenidos (736 pesos en el caso de los postulantes y 368 pesos en el caso de los partidos). Parte de este monto, sin embargo, hoy puede ser solicitado como anticipo por el candidato o el partido.

El aporte fiscal que hoy existe surgió de un amplio acuerdo político que culminó en la ley de financiamiento y gasto electoral de 2004.

Desde entonces el Estado chileno ha desembolsado más de US$ 185 millones, incluyendo el estreno de la normativa en 2005 hasta  las últimas elecciones de 2013.

Estos montos forman parte  del programa de Operaciones Especiales de la partida del Tesoro Público de la Ley Presupuesto de cada año. Las cifras (expresadas en moneda nacional y valores nominales) figuran en la página web de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, según un análisis realizado por La Tercera (que transformó los montos a valores de hoy y en dólares), sólo en 2014 los reembolsos  por concepto de los últimos comicios presidenciales, parlamentarios y regionales, implicaron que el Fisco gastara más de US$ 41,3 millones.

En 2013 (donde hubo anticipos de las presidenciales, parlamentarias y regionales y reembolsos de las municipales de 2012), el Estado gastó US$ 21,5 millones,

En 2012, donde se cursaron anticipos para la municipal, el gasto llegó a los US$ 6,1 millones.

En 2010, el desembolso fiscal superó los US$ 32,9 millones; en 2009, fue de US$ 20,7 millones; en 2008, se gastaron US$ 5,5 millones; en 2006, US$ 36,6 y en 2005, US$ 29,3 millones.

Los años de mayores gastos (2006, 2010 y 2014) corresponden a pagos de elecciones presidenciales y parlamentarias. En tanto, los años 2007 y 2011, no registran gastos por no estar ligados a periodos electorales.

REFORMA EN EVALUACIÓN

Aunque el financiamiento fiscal ya viene operando hace algunos años, en el gobierno aún creen que es un tema impopular. Por esta razón, existe cierto temor por la reacción ciudadana a un anuncio que implique aumentar el gasto fiscal para financiar a la política. A eso se suma la normal resistencia que siempre presenta el Ministerio de Hacienda ante cualquier iniciativa que signifique un desembolso de dineros públicos.

Sin embargo, una de las alternativas que baraja el gobierno,  es que dada la abstención a raíz del voto voluntario, simplemente se redistribuyan los dineros que no se gastan y que estaban contemplados en el Presupuesto de la Nación.