Un invitado especial tuvo el habitual almuerzo de los lunes entre el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y legisladores oficialistas. En el marco del debate por el Presupuesto 2015, el secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, llegó hasta Teatinos 120 para explicar los alcances financieros de la misma.

"Los proyectos de educación que se espera estén aprobados y entren en operación el próximo año implicarán una inversión fiscal de US$ 1.300 millones", aseguró tras la cita el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Pablo Lorenzini (DC). El diputado precisó que, según los cálculos presentados por la autoridad, cerca del 56% de los US$ 2.300 millones que recaudará en 2015 la reforma tributaria irá a Educación.

Tres son las iniciativas en esta materia que se encuentran actualmente en el Congreso y que podrían entrar en vigencia el próximo año: fortalecimiento de la educación preescolar, carrera docente, y fin al lucro, la selección y el copago a nivel escolar. Este último comenzará a ser analizado hoy por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que espera despacharlo a sala la próxima semana.

Desde el Ministerio de Hacienda precisan que si bien los recursos vinculados a estos proyectos no están considerados en el presupuesto de Educación para el próximo año, sí fueron incluidos en el capítulo de provisiones del Tesoro Público, donde se resguardan los recursos comprometidos para los futuros proyectos. Sin embargo, participantes del almuerzo indican que el Ejecutivo maneja entre sus escenarios la opción de que los proyectos sufran modificaciones y, finalmente, el costo final no coincida con el estimado en el presupuesto. En ese caso, indican, se abrirían a la alternativa de emitir deuda pública para financiar parte del primer año de reforma educacional.

El informe financiero publicado en septiembre por la Dirección de Presupuestos (Dipres) detalla que el proyecto de ley que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, tendrá un costo fiscal de $ 429.674 millones -unos US$ 734 millones- en su primer año. En régimen, y según el mismo documento, estas modificaciones significarían un gasto fiscal anual de $ 663.326 millones, cerca de US$ 1.134 millones.