Fisco licita US$ 300 millones en terrenos para desarrollar barrios industriales en el norte

Gobierno espera adjudicar 1.300 hectáreas para que privados desarrollen proyectos productivos en el Norte Grande. Según el ministro de Bienes Nacionales, el plan es terminar este año con 80% del proceso cerrado y el resto, antes de marzo.




El boom económico del norte chileno no sólo se ha traducido en beneficios como la fuerte expansión del empleo asalariado y la mejora en los ingresos de su población. También ha traído aparejado algunos problemas. Uno de ellos es la explosiva demanda por viviendas y terrenos productivos en las ciudades de la zona, lo que ha provocado una creciente saturación demográfica en ellas. Para ayudar a descomprimir esa situación y a la vez rentabilizar propiedades del Estado que están sin uso, el Ministerio de Bienes Nacionales comenzó hace seis meses un plan de licitaciones de terrenos fiscales para desarrollo industrial, que implica vender 39 lotes en la zona norte, por un equivalente a 1.300 hectáreas. Se esperan recaudar unos US$ 300 millones por el total.

El programa involucra a las regiones de Arica y Parinacota (una licitación), Tarapacá (seis licitaciones, por el 4,27% de los terrenos), Antofagasta (10 licitaciones o 56% del total), y Atacama (cinco licitaciones, una de las cuales es para concesión, equivalente al 40% restante) (ver infografía).

El ministro de Bienes Nacionales, Rodrigo Pérez, adelanta que el objetivo es terminar este año con el total de las licitaciones abiertas y, a lo menos, cerrar los procesos e idealmente concretar la adjudicación del 80% de ellas. El restante 20% debiera estar listo antes de marzo.

"Eso no significa que se vaya a pagar de inmediato o que todo quede totalmente adjudicado antes de que termine nuestra administración", afirma la autoridad.

Explica que en el proceso han identificado que en las regiones del Norte Grande confluyen altos precios de los terrenos, escasez de éstos para desarrollo industrial e inexistencia de barrios industriales consolidados; es decir, con las mínimas condiciones de urbanización y servicios que se requieren para nuevos proyectos.

"El rol del ministerio se ha centrado en poner a disposición de los privados terrenos que pueden satisfacer la demanda de pequeñas, medianas y grandes industrias", dice.

Así, la estrategia de Bienes Nacionales se ha orientado en dos direcciones. Una, es la identificación y gestión de retazos según su vocación de uso, definiendo si califican para proyectos de orden industrial o habitacional, lo que permite descomprimir la presión sobre zonas urbanas de las comunas y ciudades más importantes del Norte Grande.

Lo segundo, es la gestión de barrios industriales para crear nuevos espacios con fines productivos y/o consolidar los ya existentes. La idea es generar barrios industriales alejados de las ciudades en sectores estratégicos (considerando la conectividad vial, férrea y portuaria), ofreciendo pequeños y grandes lotes donde se asegure un mínimo de urbanización, de manera de formar barrios con estándares que faciliten la instalación de más y nuevas industrias. También se busca liberar terrenos dentro de las ciudades hoy ocupados por industrias y reciclarlos para uso habitacional o de equipamiento.

"Este proyecto se ha trazado sobre la base de dos componentes estratégicos importantes: facilitar las inversiones privadas y el desarrollo productivo, pero también generar demanda sobre terrenos que pueden tener uso industrial y habitacional. Esto último es relevante, porque hay lugares del norte donde la presión demográfica es muy fuerte, con efectos nocivos en transporte, vivienda, temas sanitarios", sostiene el ministro.

PROYECTO NACIONAL

La decisión de ofrecer a privados terrenos fiscales para darle un uso industrial se enmarca en un plan de licitaciones que lleva adelante el ministerio e implica 440 inmuebles a nivel nacional, por una superficie equivalente a 66.000 hectáreas.

El gobierno estima que por este proceso se obtendrá una recaudación de US$ 700 millones. Según Pérez Ma- ckenna, los ingresos fiscales provenientes de licitaciones pasaron de crecer 15% en 2010 a 69% el año pasado.

"El Fisco controla el 51% del territorio nacional y en la zona norte bastante más que eso, de manera que lo que haga o no el Estado es decisivo para esas regiones", precisa. De hecho, buena parte del territorio nortino es de propiedad fiscal: 72% de la Región de Arica y Parinacota, 91% de Tarapacá, 72% de Antofagasta y 66% de Atacama.

Por eso es que el titular de Bienes Nacionales aclara que la licitación de terrenos estatales para proyectos industriales sólo se puede realizar en el norte, ya que en la zona sur los inmuebles de propiedad fiscal sin uso tienen características que apuntan hacia otras actividades -turístico y/o habitacional- y en la zona central, en particular en la Región Metropolitana, casi no hay bienes disponibles y los que hay no califican para desarrollos industriales.

"Paños grandes de terrenos fiscales sin uso se dan en el norte del país y en las regiones de Aysén y Magallanes, pero en estas últimas dos los terrenos son bienes nacionales protegidos", acota el ministro.

TRAMITE AMBIENTAL

Levantar un proyecto de tipo industrial es un tema sensible y así ha quedado demostrado en las iniciativas, por ejemplo, del área de energía y minería. En este caso Bienes Nacionales autoriza los contratos de concesión o de licitación, previo estudio y aprobación de los organismos pertinentes. Pero eso no garantiza al concesionario la aprobación ambiental y jurídica para la materialización de las obras. Así, cada iniciativa debe cumplir las etapas de rigor cuando se trata de proyectos de inversión. Esto es, presentar una declaración o estudio de impacto ambiental ante la autoridad y pedir los permisos a las reparticiones con competencia en el tema, nacionales y regionales. El concesionario es el que debe hacer el trámite ambiental y regulatorio pertinente. La acción del ministerio sólo llega hasta asegurar que jurídicamente se puede conceder o vender.

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