La Corte Suprema aprobó el acuerdo suscrito entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los familiares de una mujer que fue asesinada por una persona con  enfermedad mental que huyó desde el hospital de la localidad donde debía encontrarse bajo resguardo.

En fallo unánime los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal aceptaron el acuerdo mediante el cual el Fisco de Chile pagará la suma total de $ 150 millones a los seis hijos de Hilda Aguilera Vargas, muerta el 5 de abril de 2006 en Puerto Octay.

La transacción se realizó en la Sala Constitucional del máximo tribunal del país luego de que el Tercer Juzgado Civil de Osorno determinara la responsabilidad del Servicio de Salud de esa ciudad por falta de servicio al no garantizar el resguardo de la mujer, que registraba un historial de violencia.

La sentencia  de primera instancia había sido ratificada -el 9 de abril de 2008- por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia.