Una cifra récord que sorprendió en la industria eléctrica pagó esta semana un fondo de inversión para quedarse con derechos de agua en el río Nilahue, provincia de Ranco, Región de los Ríos. Según la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), la oferta alcanzó los $ 16.933 millones (US$ 34,6 millones), para un caudal mensual de 14,1 metros cúbicos por segundo que permiten la instalación de una central hidroeléctrica de pasada (sin embalse) de 9,68 megawatts (MW) de potencia.

La cifra cancelada superó con creces el conjunto de los derechos de agua que la autoridad remató esta semana (ver recuadro). De hecho, el monto es proporcionalmente mayor a los US$ 45 millones que en 2008 pagó el empresario Roberto Hagemann por los derechos de agua del río Manso (Región de Los Lagos).

Ese monto ya era histórico, pero a diferencia del potencial de generación que tiene  Nilahue, los derechos de Manso permiten la instalación de una central hidroeléctrica de un tamaño muy superior, de unos 120 MW de potencia.

Altos ejecutivos de la industria indicaron que lo insólito es que el costo de los derechos de agua superan con creces el gasto que demandará colocar una central de 10 MW, el cual se calcula entre US$ 20 millones a US$ 25 millones.

Los derechos de aprovechamiento de agua del río  Nilahue fueron adjudicados a la Administradora Bandera S.A., cuyos representantes son los abogados Felipe y Alejandro Valdés Cruz. "Nosotros representamos a un fondo de inversión", indicó Alejandro Valdés. Al ser consultado por el alto monto cancelado, el abogado se limitó a decir que "no entiendo del negocio eléctrico, sólo recibimos instrucciones de un cliente".

Pero para Alejandro Valdés  el sector eléctrico no es desconocido. El abogado es el representante legal de Energía Coyanco, ligada a los  empresarios Juan Claro,  Jaime, Gonzalo y Salvador Said, José Antonio Garcés y Alberto Hurtado, además del Fondo de Inversiones Precursor, que dirige Patricio Arrau. Esa sociedad está desarrollando la central hidroeléctrica Guayacán, en San José de Maipo.

Si bien ejecutivos del sector vinculan la compra a ese grupo, Valdés asegura que el fondo que se adjudicó los derechos no está vinculado a Juan Claro. "No tiene ninguna relación", dijo.

Fuentes ligadas al proceso indicaron que los altos precios del remate pudieron estar asociados a que se dio una puja entre la sociedad representada por Valdés y otra ligada al empresario Manuel Madrid.

El director de regional de la DGA, Patricio Gutiérrez, confirma que "fue bien competitivo". El tercero en la disputa, dice Gutiérrez, fue la sociedad vinculada a Juan Claro Inversiones Comunes, representada por el hijo del empresario Pedro Claro Guzmán.

Juan Claro no sólo tenía interés en los derechos de agua del río Nilahue. El ex presidente de la Sofofa también participó en la subasta de los derechos del río Los Venados, ubicado en la Región de Los Ríos. En esa subasta, Claro tuvo mejor resultado y a través de Inversiones Comunes logró quedarse con un caudal mensual de hasta 20,4 metros cúbicos por segundo, por los cuales pagó $ 2.600 millones (US$ 5,3  millones). Con esos derechos, Claro podrá construir una central de 11 MW de potencia.