Las autoridades mexicanas informaron hoy que los forenses austriacos que colaboran en la identificación de restos, no encontraron trazas de ADN en los restos analizados.

El laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, indicó que "un calor excesivo" dañó las muestras de ADN de los 17 fragmentos de huesos y dientes que recibió, según explicó la Procuraduría General de la República.

La universidad logró identificar en diciembre a sólo uno de los 43 desaparecidos entre los restos que las autoridades enviaron al país europeo.

Ahora intentará hacer una prueba más, denominada "secuenciación masivamente paralela" que utiliza un gran número de computadoras al mismo tiempo sobre el ADN, pero advirtió que el riesgo de destruir las muestras sin conseguir información adicional es alto.

En tanto, el abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, señaló que "no se nos notificó nada al respecto", según declaraciones a MVS Radio. Rosales, además recordó que el Gobierno mexicano se había comprometido a informar primero a los familiares de los avances de la investigación sobre el caso.

El abogado de las familias también declaró que la posible destrucción de los restos de los cuerpos "va a impactar en las creencias de los padres de familia". La mayor parte de las familias son de origen indígena y campesino y a través de su representante legal han protestado por la falta de comunicación por parte del gobierno.

"En las tradiciones campesinas el tema del duelo es muy simbólico, es muy importante", dijo Rosales."Yo creo que antes de tomar la decisión, PGR (la Procuraduría General) debió consultar, debió pedir el parecer de los familiares, pero no se hizo", añadió.

Según la versión oficial, los estudiantes fueron secuestrados cuando policías municipales de la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, requisaron los autobuses en los que los jóvenes viajaban para participar de una manifestación. Posteriormente y tras una orden del alcalde de Iguala José Luis Abarca, en prisión junto a su esposa, fueron entregados a un grupo de policías de Cocula, un municipio vecino.

El caso ha generado una gran controversia tanto en México como en el extranjero y ha sido el detonante de un fuerte cuestionamiento de los vínculos entre algunos grupos del crimen organizado, las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad. Durante las investigaciones fueron detenidas más de 70 personas, la mayoría policías. El gobernador del estado de Guerrero dimitió por el caso.