En la Fiscalía de Collipulli se  tramita una de las primeras denuncias formales por presiones y amenazas de comunidades mapuches a empresas forestales por intentar cobrar un "peaje" o porcentaje de la cosecha de árboles. Ello, a cambio de no interrumpir las faenas de los trabajadores y dejarlos desempeñarse con tranquilidad en los predios.

El preocupante fenómeno ya había sido advertido por el fiscal jefe de la IX Región, Francisco Ljubetic, en relación a la solicitud de pagos que han hecho algunos activistas tanto a empresas forestales como a pequeños agricultores, en la llamada zona roja del conflicto mapuche.

En esa dirección, existen antecedentes de que también se cobra un derecho de paso para asegurar el desplazamiento de camiones por diferentes zonas de La Araucanía. Los cobros fluctúan entre $ 20 y $ 30 mil pesos por vehículo.

Según algunas fuentes consultadas, se trata de una nueva modalidad delictual, pero que no todos los perjudicados quieren hacer la denuncia respectiva como una forma de evitarse problemas, justamente con los activistas que exigen los pagos. Es una práctica común en países en los cuales hay conflictos armados entre el Estado y grupos guerrilleros, como las Farc en Colombia.

LA QUERELLA
El jueves 5 de noviembre, la empresa forestal Mininco presentó una querella tras un incidente registrado en el fundo La Invernada, en la IX Región. El predio era explotado por una firma contratista.

Un grupo de cerca de 70 mapuches, supuestamente pertenecientes a comunidades aledañas, ingresó y se tomó el predio, paralizando las faenas de los camiones y la extracción de madera.

Los activistas estuvieron dentro del terreno cerca de 24 horas.  A raíz de la toma, unos 18 trabajadores paralizaron sus funciones. En el sector operaba maquinaria pesada: dos retroexcavadoras, grúas y talleres de mantención.

Superiores en número, los comuneros exigieron a la empresa la entrega de 180 metros cúbicos de madera procesada. De lo contrario, dijeron, volverían a interrumpir las faenas. Las condiciones fueron expuestas a un grupo de supervisores de las faenas, quienes no accedieron a las exigencias.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que a raíz de este incidente, el fundo estuvo con protección de Carabineros, que consistió en rondas periódicas por las instalaciones, hasta que se normalizaron las operaciones en el fundo.

La querella fue presentada en el Tribunal de Garantía de Collipulli  por los delitos de usurpación y exacción. Si bien esta última figura es aplicable a funcionarios públicos, fuentes ligadas al caso señalaron que también se puede utilizar contra particulares que intentan realizar un cobro ilegal.

Consultados respecto de la denuncia y el incidente en la IX Región, la empresa forestal Mininco señaló que no se referirá a procesos judiciales en curso que ya están en conocimiento del Ministerio Público.

Actualmente, hay cerca de 200 efectivos de Fuerzas Especiales destinados exclusivamente a la custodia de predios que han sufrido amenazas o atentados por parte de activistas mapuches, en distintos sectores de las regiones Octava y Novena. El objetivo es impedir ataques de parte de mapuches radicales.