Esta mañana comenzó a esclarecerse una de las historias más terribles que dejó el terremoto del 27 de febrero pasado. En las oficinas de la Fiscalía de Concepción son formalizados siete de los ocho miembros de la constructora Socovil, considerados como presuntos responsables del colapso del edificio Alto Río, el cual dejó como saldo ocho personas fallecidas.
Hasta la fiscalía llegaron Pedro Ortigosa de Pablo; René Petinelli, ingeniero calculista del edificio; Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza, representantes de la empresa Socovil. También serán formalizados los jefes de obra, José Paredes y Héctor Torres. El administrador, Mario Valeria, no se presentó por encontrarse con licencia médica.
Los alegatos entre la defensoría y la parte querellante duró más de dos horas. El fiscal Nelson Vigueras realizó la presentación de cargos por cuasidelito de homicidio y lesiones, pues según sus antecedentes la tragedia se pudo haber evitado.
Finalmente los imputados quedaron con arraigo nacional de cuatro meses, tiempo en que durará la investigación. Además, la parte querellante pide 300 millones de pesos por cada una de las víctimas como compensación al daño; los siete lesionados graves también pidieron una indemnización de 200 millones.
La jueza dictaminó además, la prohibición de celebrar contratos y dictaminó la retención de bienes inmuebles (propiedades y vehículos) de los siete formalizados.
Los residentes del inmueble llevan más de un año esperando por justicia, por lo que esperan que el juicio se realice de la manera más transparente posible y los culpables puedan reparar el daño que ellos han recibido. "Estaremos en la fiscalía participando activamente", declaró escuetamente Marcelo Bravo, vocero de los propietarios.
