El Ministerio Público de Iquique formalizó a la sostenedora y a la directora del colegio Samka Arumanti por el delito de fraude al Fisco, debido a que ambas realizaron acciones fraudulentas para obtener subvenciones escolares.

En una audiencia desarrollada en el Tribunal de Garantía, el fiscal anticorrupción, Francisco Almazán, explicó que los hechos sucedieron en octubre del año 2006, cuando la sostenedora del colegio Samka Arumanti, Amelia Espinoza Daiz-Ida, y la directora Ana Lucrecia Espinoza Cerda, entregaron instrucciones al personal administrativo para que llenara la asistencia de los días sábado 7, 14 y 21 de octubre, de todos los alumnos de los seis cursos de primero básico y los seis cursos de segundo básico. De igual forma, instruyeron a los profesores de dichos cursos para que llenaran los libros de clases con los contenidos que supuestamente se habrían pasado durante esos días, a pesar de que el colegio nunca realizó clases en esas jornadas. La información se envió al Ministerio de Educación, al igual que la asistencia de los kinder, recibiendo el pago adicional de $ 2.601.441 por concepto de subvención por las fechas señaladas.

Almazán,  que estaba acompañado por una abogada del Consejo de Defensa del Estado, relató todos los antecedentes recopilados en la investigación, que comenzó con el sumario que realizó la Seremía de Educación por estos hechos y que concluyó con una sanción de inhabilitación por un año para la sostenedora, la obligación de devolver el monto de dinero recibido por concepto de subvención y una multa.

La fiscalía también dio cuenta de una serie de diligencias policiales, con entrevistas a personal administrativo y profesores del colegio, quienes confirmaron que fueron obligados a llenar los libros de asistencia y de clases. Además, el fiscal explicó que el objetivo de esas órdenes era cubrir tres días de septiembre (entre el 20 y 22) en que no se realizaron clases.

Luego de exponer todos los antecedentes, el Ministerio Público solicitó como medidas cautelares, firma quincenal de las imputadas en dependencias del Ministerio Público y arraigo nacional, a fin de asegurar sus comparecencias a los actos del procedimiento. Si bien la defensa se opuso a las medidas, la magistrada Claudia Vilches acogió la solicitud de la Fiscalía, fijando un plazo de 100 días para el término de la investigación.