Una verdadera red de tráfico de armas, que adquiría armamentos de fuego y luego se los entregaban a delincuentes, era lo que protagonizaron una red de cinco gendarmes. Los uniformados fueron formalizados la semana pasada por la Fiscalía Centro Norte y quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva.

Según la lectura de hechos que realizó la fiscal Carolina Suazo, "desde el año 2015 los imputados adquirieron y celebraron convenciones respecto de al menos seis armas de fuego, sin la competente autorización, aprovechando las facilidades que como funcionarios de Gendarmería de Chile tenían para adquirir armamento".

La persecutora añadió que "el imputado Peter Calixto, quien se desempeñaba como gendarme en el Centro de Reinserción Abierto Manuel Rodríguez, ubicado en calle Blas Cañas N°431, de la comuna de Santiago, ofreció a varios gendarmes adquirir armas de fuego a su nombre e inscribirlas para entregárselas a él, previo pago de $ 200.000, aproximadamente. Luego, las armas eran comercializadas ilegalmente a terceros. Aceptaron este ofrecimiento los imputados Erik Passig Cabezas, Alan Acuña Mora, José Cares Sosa y José Salgado Parra".

Uno de los hechos que fueron imputados ocurrió el 23 de julio de 2015, cuando Passig recibió $ 800.000 de Calixto para adquirir una pistola marca Jericho calibre 9 mm. Esta arma fue entregada posteriormente al principal imputado, el que recibió $ 120.000 por este "trabajo". "Peter Calixto luego la vendió a terceros, encontrándose la pistola el día 25 de marzo de 2016 en poder de un sujeto que actualmente se encuentra formalizado por el delito de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego", señaló la fiscal Suazo.

Desde agosto de 2015 los imputados realizaron una modificación a su modus operandi. Luego de adquirir las armas de fuego, realizaron denuncias por robo o pérdida. Esto, según los investigadores del caso, para no ser vinculados en caso de que la pistola apareciera en algún procedimiento.

El caso comenzó a ser investigado por el Ministerio Público el 19 de mayo del año pasado, cuando el Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario de Gendarmería realizó la denuncia ante la fiscalía. Desde la entidad penitenciaria indicaron que están colaborando activamente con esta investigación.