La declaración de un testigo protegido fue el principal argumento que utilizó el fiscal, Miguel Angel Velásquez, para formalizar cargos por ley antiterrorista contra cuatro comuneros mapuches que son investigados por un atentado incendiario.

Los imputados son Eliseo Ñiripil Cayupán, Daniel Canío Tralcal, Elvis Millán Colicheo y un menor de edad de iniciales C.A.C.M, a quienes se les sindica como autores de los delitos de incendio terrorista, dos incendios simples en calidad de consumado y frustrado; y robo con intimidación, por lo que continuarán en prisión.

Los comuneros además tienen una causa pendiente por el atentado a una máquina de Tur Bus, en el by pass Temuco, y el atentado al Fundo San Leandro, en Lautaro.

Los hombres, según el relato del testigo protegido, habrían sido los autores del atentado incendiario que afectó bienes y maquinarias en el Fundo Brasil, en la comuna de Vilcún, el 11 de septiembre de 2009 y que es de propiedad de Elsa Fernández Diez.

El fiscal Velásquez no descartó ampliar los cargos si se confirman antecedentes que los involucrarían en otros hechos relacionados con el conflicto indígena.

En el caso particular de Daniel Canío, éste tiene registrada una salida al extranjero y particularmente a Colombia, donde estuvo durante cuatro meses en el año 2006, por lo que no se descarta la posibilidad de que haya recibido algún tipo de formación de parte de  la guerrilla.