Dos ingenieros, dos arquitecto, siete constructores civiles y un técnico en construcción, que prestaban servicios para el Serviu, departamento de obras de la municipalidad de Constitución y la empresa constructora Conacit, serán formalizados por su presunta responsabilidad en calidad de autores de cuasidelito de homicidio de dos familias que resultaron aplastadas cuando el edificio de tres pisos, en el que vivían, se desplomó sobre el primer nivel, quedando reducido éste último a unos pocos centímetros, durante el terremoto del pasado 27 de febrero.
Así lo confirmó el fiscal regional del Maule, Juan Pablo Kinast, quien informó que "la fiscalía solicitó audiencia para comunicar cargos en contra de doce personas. Esta decisión se fundamenta en que a estas alturas de la investigación podemos concluir que la negligencia inexcusable de algunos de ellos o la imprudencia temeraria de otros es causa directa del desplome del edificio que causó la muerte de ocho personas".
El fiscal regional agregó que la responsabilidad que tuvo cada uno de los imputados será expuesta en la audiencia de formalización cuya fecha deberá ser fijada este viernes por el tribunal de garantía de Constitución. No obstante adelantó que "en los procesos de planificación, ejecución o fiscalización de la construcción de este edificio, estas personas tienen un rol en el que se pudo preveer o evitar el desplome del edificio y en razón de ello el desenlace fatal de ocho personas".
Asimismo, el fiscal Kinast indicó que "la causa del desplome está relacionada con una multiplicidad de factores que conspiran y terminan con este resultado y por eso son más de una las personas que serán formalizadas".
La investigación es encabezada por la fiscal Paula Rojas quien solicitó numerosos peritajes técnicos, planimétricos, estudios de suelo y ha interrogado a más de medio centenar de personas, entre ellos a la ex ministra de Vivienda Patricia Poblete.