La Fiscalía de la VIII Región formalizará, por el delito de vejaciones injustas, a los tres gendarmes que estuvieron involucrados en el caso de Lorenza Cayuhán, comunera mapuche que el día 14 de octubre del 2016 dio a luz a su hija Sayen engrillada, en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán de Concepción.
Los funcionarios de Gendarmería que serán formalizados son Christian Pino, Andrea Concha y Cristina Segundo, quienes el día del parto acompañaron a Cayuán en su traslado al recinto asistencial y, como medida de resguardo, no le retiraron los grilletes de los tobillos, a pesar de estar en proceso de parto. Incluso y según lo denunciado por la joven y su madre, a la sala de parto ingreso un funcionario del género masculino.
La mujer, que cumple una condena de cinco años por robo con intimidación en Arauco, presentó una querella junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por el delito de torturas. El Ministerio Público, tras analizar los antecedentes, decidió cambiar la figura legal por la de vejaciones injustas.
José Cayuhán, hermanos de Lorenza, indicó que "lo último que hemos sabido es que van a formalizar a los tres funcionarios de Gendarmería que participaron en el parto, que según la Corte Suprema fue un parto que tuvo violación de derechos humanos en cuanto a la vejación de la cual fue víctima Lorenza y la discriminación por el hecho de ser mapuche".
Cayuhán añadió que "a nosotros no nos deja para nada contentos de que sean solamente los tres funcionarios los que sean formalizados. Nosotros queríamos ir mucho más allá, en cuanto a que se formalizara a la persona que dio la orden, pero tampoco nos negamos a esta posibilidad de que se formalicen a estas tres personas, porque en el fondo ellos cometieron un delito y tienen que responder por eso". Agregó que "a un año y un mes del caso, se ha avanzado un poco en la investigación y da señales que el Ministerio Público está trabajando".
Desde el INDH recordaron que, en el marco de este caso, la Corte Suprema ordenó que Gendarmería "deberá revisar y adecuar sus protocolos de actuación en materia de traslados a hospitales externos, conforme a la normativa internacional suscrita por Chile relativa a mujeres privadas de libertad, embarazadas o con hijos lactantes, así como aquella relativa a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres".
