Dos semanas después de que la Fiscalía Oriente solicitara la formalización contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ayer pasada las 16.00 llegó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el requerimiento para levantar cargos a otros cuatro imputados en el caso.
Se trata del ex gerente del grupo, Hugo Bravo, quien será imputado de los presuntos delitos de fraude tributario, soborno y lavado de activos, según consta en la solicitud de formalización que dio a conocer ayer el Ministerio Público. El ex ejecutivo declaró en cinco ocasiones ante el fiscal Carlos Gajardo, revelando supuestos aportes ilegales de Penta a campañas políticas autorizados por sus ex jefes.
"Las discrepancias que podamos tener respecto de estos hechos las analizaremos con el Ministerio Público o el juez de ser necesario", dijo ayer, a través de un comunicado, el equipo de abogados que defiende al ex ejecutivo.
A Bravo se suma Marcos Castro, ex gerente de contabilidad del grupo, quien será formalizado por supuesto ilícito tributario, soborno y lavado dinero.
Además también le levantarán cargos por eventuales delitos tributarios, lavado de activos y cohecho, al ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Alvarez, uno de los principales imputados por el caso del fraude al FUT, quien está en prisión preventiva.
Juan Martínez, quien es fiscalizador del servicio, será formalizado por cohecho (ver secundaria). "A nosotros nos parece extraño que no existiendo ningún antecedente más que declaraciones de otro imputados que son poco precisas, se formalice a Juan Martínez", dijo su abogado Ramón Sepúlveda.
Al respecto, el fiscal Gajardo manifestó que "en el caso concreto de estas cuatro personas de a las que se les ha pedido formalización, consideramos que se han reunido antecedentes suficientes para formularles cargos y a partir de eso se ha hecho la solicitud al tribunal".
En tanto, ayer declararon en la fiscalía Marcos Castro y el Fernando Pau. Este último fue interrogado por la eventual venta a Penta de un estudio sobre tasaciones en la zona Oriente -realizado por su hijo Manuel Pau, ex subsecretario (S) de Vivienda- supuestamente para financiar una candidatura a diputado de la UDI en 2013.
