El gobierno socialista de François Hollande presentó ayer un controvertido proyecto de ley para agilizar su economía. Con estas reformas Francia debe asegurarle a la Comisión Europea transformaciones profundas que eviten el déficit fiscal del país. Y a la vez, convencer a la izquierda socialista que las reformas mantienen su tradicional "rol social".
La norma fue bautizada como la ley Macron, por tratarse del proyecto del joven ministro de Economía, Emmanuel Macron, quien dirige esa cartera desde agosto pasado (ver nota secundaria). Con esto, Macron espera "dar los medios para desbloquear" al país de las "trabas" que impiden su crecimiento económico, estacando desde hace tres años.
Entre las medidas propuestas por el gobierno figura la apertura del comercio los domingos, la liberación parcial de las estrictas regulaciones de ciertos sectores laborales y la creación de nuevas empresas.
La norma más criticada por los sindicatos es la que se refiere a ampliar el número de domingos laborales. Actualmente el comercio sólo trabaja cinco domingos al año, y con la nueva medida se propone aumentarlo hasta 12. Además, faculta al gobierno a crear más zonas turísticas internacionales en las que el comercio podría funcionar los siete días de la semana y hasta medianoche en los sitios comerciales preferidos por los extranjeros, como los Campos Elíseos, el Boulevard Haussmann o la Rue de Ravoli.
Pero el rechazo sindical se contradice con la opinión pública. Un sondeo realizado por la consultora Odoxa para el diario Les Echos, mostró que el 70% de los franceses aplauden la apertura de comercios en domingos, mientras que el 58% dice que aprobaría la ley Macron si fueran parlamentarios. Sin embargo, un 84% cree que la política económica, en general, es mala.
Otra de las normas es disminuir las limitaciones que dificultan el ingreso al mercado laboral a jóvenes profesionales. El proyecto apuesta por permitir la libre instalación, aunque con ciertos límites, de nuevas notarías y rebajar las altas tasas de este sector, uno de los mejor remunerados. Oficinas de justicia, peritos tasadores y administradores judiciales que se verán afectados por esta reforma protestaron ayer en París ante la convocatoria de sus organizaciones.
El primer ministro galo, Manuel Valls, presentó junto a Macron un documento por escrito a la Comisión Europea, que señalaba que el proyecto es la respuesta a la exigencia que Bruselas le extendió a París para aprobar antes de marzo de 2015 reformas para evitar el incumplimiento de sus objetivos fiscales. Sin embargo, de acuerdo con The Economist, el proyecto ha sido criticado por la izquierda por "traicionar el concepto de progreso social".
"Mi objetivo", dijo el parlamentario socialista Pascal Cherki, "es votar No a todas las medidas que Sarkozy no logró pasar y contra las que luchamos desde la oposición". La actual edil de Lille, la socialista Martine Aubry, dijo al diario Le Monde que la reforma no sólo se trata de una "reforma subalterna", sino que cuestiona derechamente los principios de la izquierda. Pero Valls aseguró que se trata de un paquete de medidas que demuestran que Francia "es capaz de adaptarse sin renunciar a su modelo social".
