En su discurso ante las dos cámaras legislativas reunidas conjuntamente el lunes en Versalles, el Presidente de Francia, François Hollande, fue categórico en apuntar al Estado Islámico como el responsable de los ataques terroristas en París. Por ello, no dudó en anunciar que su gobierno ampliará tres meses el estado de emergencia y reformará la Constitución, esencialmente los artículos 16 y 36, referidos a los poderes presidenciales y al estado de sitio.

Amparados precisamente en el estado de emergencia decretado tras los atentados del viernes, cientos de policías y gendarmes realizaron en la noche del lunes 128 registros de domicilios de sospechosos por toda Francia sin contar con una autorización judicial previa. La noche anterior fueron 168. Así lo informó ayer el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, en una entrevista con radio France Info, en la cual admitió que estas acciones no tienen relación directa con las pesquisas de los ataques yihadistas en la capital, según consignó France Presse.

En la noche del domingo al lunes fueron detenidas 23 personas en diferentes redadas y se decomisaron 31 armas, entre ellas varios Kalashnikov e incluso un lanzagranadas, en los 168 registros domiciliarios que se llevaron a cabo.

Cazeneuve subrayó que “la investigación avanza rápidamente”, pero no dio detalles concretos, aunque señaló que “un cierto número de los implicados en la preparación, en la comisión de este atentado, han sido identificados”. Tras recordar que “este verano (boreal) desbaratamos seis atentados”, el titular de Interior señaló que en total se han movilizado “115.000 policías, gendarmes y militares” a los que se añadirán efectivos suplementarios que va a poner el Ministerio de Defensa. “La movilización de las fuerzas de seguridad y de los militares es general”, aseguró.

La amenaza a la seguridad llevó a Hollande a anunciar la creación de  5.000 puestos adicionales en la policía y la gendarmería, 2.500 en la justicia y 1.000 en las aduanas. Cazeneuve prometió impulsar el financiamiento para la compra de equipos policiales, una partida que, según dijo, bajó un 17% entre 2007 y 2012.

Reforma constitucional

Hollande también prometió una reforma constitucional para “poder actuar contra el terrorismo de guerra” y gestionar esta crisis.  Entre sus proyectos figura el retiro de la nacionalidad a los binacionales nacidos en Francia en caso de terrorismo y la imposición de “un  visado de regreso” a sus ciudadanos “potencialmente implicados” en redes  yihadistas que regresen de Siria e Irak. Entre otras propuestas el gobierno sugiere instalar detectores de  metales en todas las estaciones ferroviarias, del mismo tipo que los  que hay en los aeropuertos.

Aunque Hollande sostiene que los terroristas atacan a Francia “porque es una nación de libertad y la patria de los derechos humanos”, las medidas adoptadas por su gobierno han recibido duros cuestionamientos por parte de organizaciones de  derechos civiles y partidos de izquierda. Es el caso de Amnistía Internacional, que ha mostrado su preocupación por la extensión por tres meses del estado de emergencia. “Amnistía reconoce el derecho de un Estado a utilizar el estado de emergencia, pero este debe ser muy limitado en el tiempo y estar justificado por criterios muy precisos”, dijo a EFE su responsable de Libertad de Expresión, Nicolas Krameyer.

Igual de beligerante se mostró Eric Coquerel, coordinador del Partido de Izquierda, antiguo aliado de los socialistas y cada vez más distanciado de Hollande. A su juicio, el mandatario “propone constitucionalizar el estado de emergencia, lo que es una amenaza para las libertades civiles”, según dijo a EFE. Para Coquerel, el Presidente quiso “calmar a la derecha”, pero a través de “una deriva autoritaria de la V República”, que su partido pretende refundar.

De hecho, en Francia ya se habla del “giro securitario” de la Presidencia Hollande, un mandatario impopular entre los franceses por varias razones, entre ellas su imagen de cierta blandura frente al “hombre fuerte” que muchos reclaman. El diario Le Figaro, para muchos la biblia del conservadurismo francés, saludaba ayer así, en el título de su editorial, los anuncios del lunes: “Tardía lucidez”.

Precisamente un sondeo publicado por Le Figaro revela que el 84% de los franceses asegura estar dispuesto a más controles y una cierta limitación de sus libertades a cambio de un incremento de la seguridad. La encuesta precisa que esa disposición es prácticamente mayoritaria también entre la izquierda, “que siempre se ha mostrado inflexible sobre la defensa de las libertades individuales”.

El sondeo refleja que el 98% de los ciudadanos califican de “elevada” la amenaza terrorista, un porcentaje inédito desde 1992 y cinco puntos mayor que el anotado tras los atentados de enero contra el semanario satírico Charlie Hebdo.

Como consecuencia de los ataques terroristas del viernes, el 85% de los encuestados aprueba la intervención militar en Siria y el 62% se muestra en contra de la acogida de refugiados, cifra que hace un mes era del 47%. La encuesta añade que un 87% mantiene su confianza en la lucha de las fuerzas del orden contra el terrorismo. No así en el caso del gobierno y el Presidente, que sólo llega a 50%.