El gobierno francés dio este miércoles el primer  paso para la ratificación del pacto fiscal europeo, que será votado en el  Parlamento en octubre con el apoyo de la derecha pues una parte de la izquierda  se opone al considerar que institucionaliza la política de austeridad.

El Consejo de Ministros examinó dos textos: uno sobre la ratificación del  propio tratado y un proyecto de ley orgánica sobre las finanzas públicas.

Este último contempla en particular la "regla de oro" que limita a 0,5% del  PIB el déficit público estructural y crea un Alto Consejo de Finanzas Públicas  bajo el Tribunal de Cuentas que se pronunciará sobre las previsiones de  crecimiento del gobierno y el respeto a los objetivos marcados.

Estos textos se debatirán en la Asamblea Nacional (Congreso) en la primera  semana de octubre.

Al término del Consejo de Ministros, el jefe del gobierno, Jean-Marc  Ayrault, pidió un "voto masivo" del Parlamento para el tratado. "Cuanto más  apoyo reciba, más fuerte será la voz de Francia, mejor seguiremos trabajando en  la reorientación de Europa", instó.

Sin embargo, la izquierda de la izquierda está en contra del pacto fiscal,  y acusa al presidente socialista François Hollande de no haber "renegociado" el  texto, como prometió en su campaña electoral, y de imponer una política de  austeridad.

El Frente de Izquierda, que integra a los comunistas, reclama un referéndum  y ha convocado, con otras otras organizaciones, una manifestación el 30 de  septiembre en París.

La extrema derecha de Marine Le Pen también reclama un referéndum, al  considerar que este pacto "determina nuestro destino de nación libre".

Ayrault recordó la necesidad de "controlar las cuentas públicas". "No es el  tratado el que nos lo impone, es una decisión para salvaguardar nuestros  propios intereses", dijo.

"Los que creen en Europa, que son sinceramente europeos, sabrán asumir sus  responsabilidades", agregó, en referencia a los aliados ecologistas o a los  miembros del ala izquierda del Partido Socialista que ya han anunciado su  decisión de abstenerse o de votar en contra del tratado.

Estos diputados son minoritarios, pero ello obligará al gobierno francés a  contar con la derecha en el Senado, donde la izquierda cuenta con una estrecha  mayoría.

Las divisiones recuerdan a las del 2005, cuando la izquierda estaba  dividida sobre el tratado constitucional, finalmente rechazado por referéndum  por cerca del 55% de los franceses.

Pero como en el caso del tratado de Lisboa en 2007, en esta ocasión no  habrá referéndum. El ministro delegado para los Asuntos Europeos Bernard  Cazeneuve, que votó no en 2005 y 2007, ahora multiplica los encuentros con los  diputados recalcitrantes para recordarles que el Consejo Constitucional  considera que en este caso no existe cesión de soberanía.