Los diputados franceses debatirán a partir de hoy un polémico proyecto de ley del Gobierno socialista que prevé penalizar a los clientes de la prostitución con multas de hasta de 3.000 euros (US$4.076). 

El debate, que podría retrasarse hasta el viernes, en función del orden del día de la Asamblea Nacional, estará seguido de una votación del hemiciclo el próximo 4 de diciembre, antes de continuar su recorrido parlamentario en el Senado.

Multar a los clientes es la medida más llamativa y polémica de un proyecto de ley que recoge muchas iniciativas para reducir la prostitución y la explotación sexual. 

Hay quienes consideran que se trata de una injerencia del Estado en la moral sexual de los ciudadanos, como la actriz Catherine Deneuve, el escritor Frédéric Beigbeder o la filósofa Élisabeth Badinter, entre otro muchos intelectuales y artistas.

Sin embargo, asociaciones de defensa de las mujeres como "Osez le Féminisme" o la "Asamblée des Femmes", hacen campaña a favor de la nueva legislación.

La ministra francesa de Asuntos Sociales, Marisol Touraine, aseguró recientemente que el proyecto no supone "una moralización de la vida sexual" y que responde a la "necesidad" de combatir la explotación sexual. 

Las multas a los clientes son el estandarte de un proyecto de ley que prevé también aplicar una "pena de sensibilización" que obligue a los infractores a trabajar un número determinado de horas en centros de ayuda a las prostitutas.

Propone, además, penas de hasta tres años de cárcel y multas de 45.000 euros para los clientes que recurran a una prostituta menor de edad, embarazada o minusválida. 

El texto legal se centra sobre la responsabilidad del cliente y prevé derogar la ley de 2003, que castiga con hasta dos meses de prisión y 3.750 euros de multa a las prostitutas que capten clientes en la calle.

Además, se suprimirían los historiales policiales de quienes hayan sido condenadas por esa medida.

El proyecto de ley estipula también la creación de instrumentos para ayudar a las prostitutas que lo deseen a salir de la calle, sistemas para proteger a las víctimas de los proxenetas y prevé dedicar parte de los fondos que se les decomisen a ayudar a las meretrices. 

Las prostitutas no francesas víctimas del proxenetismo podrán pedir un permiso de residencia temporal de seis meses, sin que se les obligue a denunciar las redes que las explotaban, y contarán con asistencia económica y alojamiento.

Esa "regularización" de extranjeras es uno de los puntos que más discordia siembran entre los diputados de la oposición conservadora de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), que en grueso apoya el texto, al igual que el gobernante Partido Socialista (PS).