¿Cuánto afecta a la marca UDI el surgimiento de estas supuestas irregularidades de campañas?
Lo primero, es que hay que ser cuidadoso con estas cosas, porque lo que hay es un proceso de investigación que no conocemos. Los antecedentes, que por lo menos yo tengo, son los que se han publicado y la mayoría sin fuentes expuestas. Lo que sabemos es que hay una persona que está procesada, un señor Hugo Bravo (ex ejecutivo de Penta), y que hay un fiscal que está investigando y que esa información se ha filtrado, pero a nivel de rumor. Habrá que analizar en su mérito las consecuencias de esa investigación una vez que sea pública. El presidente de la UDI ha dicho que el lunes llevará un informe. Me imagino que tiene, de los parlamentarios en teoría nombrados, la situación real.
¿Informe con cuentas, balances de campañas y cosas así?
Por supuesto, todas las cosas que tienen que ver con un período de campaña. Y obviamente que a la marca UDI, en general, esto no le hace bien. Habrá que ver cómo enfrentar este proceso de manera que el control de daños sea el mejor posible.
Usted ha sido generalísimo de campañas. ¿Cuán común es que se vulnere el sistema formal?
Desde que se hizo la reforma estructural Lagos-Longueira se dio un salto importante en materia de transparentar y formular el financiamiento de las campañas. Pero no tengo duda que eso es absolutamente insuficiente, porque por cosa de sentido común, al recorrer en épocas de campaña, se ven algunas multimillonarias cuando existen topes de gasto infinitamente menores. Hay una cosa bastante transversal en eso. No hay control, aquí actúa la fe pública, cuando se hace la declaración, lo que se revisa es que las boletas coincidan, que no sean fraudulentas. Y en mi opinión, es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la democracia en todo sentido, tanto desde el punto de vista electoral, como del de la seguridad.
Que no alcancen los recursos permitidos ¿justifica presentar boletas irreales o fuera de la ley?
Obviamente que cuando uno presenta una boleta sobre la cual no ha ejercido el trabajo, es una irregularidad. Ahora, tengo la impresión de que hay que hacer una distinción, en el sentido de que si esa irregularidad es con fines de evasión de impuestos o con fines de financiamiento electoral. Las dos cosas son irregulares, pero son diferentes. Y obviamente son situaciones que hay que investigar, sancionar como corresponda y corregir.
¿Por qué es diferente?
Los delitos son siempre intelectuales. Es diferente recibir -creo yo- financiamiento de campaña por una vía ilegal, pero para efectivamente financiar campañas, que recibir dineros ilegales con fines de evasión tributaria. Hay una diferencia intelectualmente.
¿Lo plantea desde la óptica de que el candidato tiene una necesidad de financiar su campaña?
No estoy justificando desde ningún punto de vista. Pero he visto -y he sido candidato- en épocas electorales, los candidatos tienen administradores electorales, como lo establece la ley, están en su período de campaña y su energía está concentrada principalmente en recorrer terreno, en saludar gente, en asistir a las radios, a las reuniones masivas, o sea, hay una adrenalina en ese proceso, de todos, por lo que obviamente es comprensible que cometan errores, incluso de esta naturaleza, que es gravísimo. No es alguien que está con todos los sentidos puestos en otra cosa que no sea captar votos.
¿Sabe si las campañas de las personas que se han nombrado han incurrido en estas prácticas?
No tengo ningún antecedente de eso. Lo que sí puedo decir, es que yo no lo he hecho nunca.
¿Penta, o mejor dicho Carlos Délano, tiene un vínculo económico con la UDI?
Tampoco tengo antecedentes de qué implica eso. Sí tengo antecedentes de que, de acuerdo a la ley electoral y la fórmula de aportes reservados, el principal aporte -porque además hay un beneficio tributario para esas donaciones de campaña- proviene de las empresas. Desde hace mucho tiempo que he dicho al interior de la UDI que eso hay que corregirlo.
¿Apoya la modificación que propone el gobierno, entonces?
Me parecen las modificaciones que está proponiendo, que al menos sean las personas en forma natural, quienes puedan hacer las donaciones, también con beneficios tributarios, pero que sean personas con nombres y apellidos, más un aumento importante del financiamiento del Estado, para que se haga cargo de la actividad política en su conjunto como parte de los costos de la democracia. En la UDI, en su mayoría, hay una opinión distinta. Estamos en un momento en que esto se va a discutir.
¿Le afectará al presidente Ernesto Silva enfrentar este caso?
Todo depende de cómo salga jugando y cuáles sean las posturas que tome hacia adelante, y respecto de situaciones que todavía no conocemos en profundidad.
¿Cómo cree que la UDI deba enfrentar este tema?
Va a llegar un minuto en que esta investigación va a ser pública, y frente a un escenario de esa naturaleza, hay que actuar con la máxima transparencia, en el sentido de que hay que corregir y, si es necesario, sancionar, transparentar y dar un aumento importante, cualitativo, en términos de la relación de la política con el dinero, con las empresas, con su financiamiento.
