Francisco Ljubetic, ex fiscal regional de la IX Región y actual vicedecano de Derecho de la U. Autónoma de Temuco, sigue de cerca el desarrollo del juicio contra los 11 acusados de participar en el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013, en Vilcún, Región de La Araucanía.

Su interés no sólo radica en que fue él quien lideró el caso que terminó en la condena de 18 años de cárcel para Celestino Córdova -primer sentenciado por este crimen-, sino que también por el impacto que esta investigación tiene en la región. En entrevista con La Tercera, Ljubetic aborda su preocupación por la violencia en la zona y también la falta de prevención policial para evitar nuevos ataques, como la quema de 18 camiones ocurrida la madrugada de este sábado.

¿Le llamó la atención la quema de estos 18 camiones, en vista de que el juicio por el crimen del matrimonio Luchsinger comienza mañana?

Acá en la IX Región no son pocos los que anticiparon la posibilidad de que existieran eventos de este tipo, porque ha sido habitual y frecuente que cada vez que se ocurren hechos como el de mañana (inicio del juicio oral) hay otro tipo de manifestaciones, y particularmente hechos violentistas que lo único que hacen es confirmar este escenario de temor que se quiere instalar en la zona. Quienes viven en esta región saben, por la multiplicidad de acciones violentas que han ocurrido, que hay grupos organizados y planificados que pretenden instalar este sentimiento de temor permanente en la zona. Y no en una, sino en varias partes. Pero, además, estos ataques se relacionan con actividades productivas, entre ellas las forestales, agrícolas y las de transportes, que son las que más se han visto afectadas con todas estas acciones.

A su juicio, ¿era evitable que ocurriera un hecho como este?

No hay que olvidar que la fiscalía realiza una actividad reactiva, es decir, tienen que ocurrir los hechos para que se abran las investigaciones. En una región como la nuestra, con la reiteración de actos de esta naturaleza y además ad portas de un juicio muy relevante en esta materia, era de presumir que podía haber actividades vinculadas a actos violentos. Esto es más o menos similar a lo que ocurre cada vez que hay fechas emblemáticas en que se recuerda la muerte de algunas personas y que generan espacios o escenarios de violencia, de modo que es evidentemente un hecho policial y de seguridad pública. Y en mi concepto, sí debió haberse previsto y haber realizado las acciones de inteligencia necesarias para evitarlos. Este ataque era evitable con prevención policial y datos de inteligencia.

¿De qué forma se podría haber evitado?

Hay herramientas que tiene la seguridad pública y que están instaladas a partir del trabajo que realizan las policías y también el Ministerio del Interior, que tiene a su cargo el ala que corresponde a la seguridad pública.

El gobierno anunció que se querellará invocando la Ley Antiterrorista. ¿Qué significa eso en la práctica?

La presentación de una querella por eventual infracción a la Ley 18.314 (Antiterrorista) lo que hace es confirmar que hay elementos objetivos para tipificar estas acciones al amparo de esta ley. Que el gobierno presente estas acciones lo que hace, o debería hacer, es favorecer la investigación a través del aporte activo, tanto de antecedentes como de actividades de investigación que permitan a la fiscalía y la policía encauzarse correctamente. Es un respaldo para el trabajo que se ha realizado en otras oportunidades, en donde no se ha contado con este mismo apoyo.

¿Favorece en algo a la fiscalía que se invoque esta ley?

Esto es más bien aparente que real. La fiscalía tiene sus propias atribuciones para calificar la investigación al amparo de esta ley, de modo que no por la existencia de una querella va a mejorar el escenario investigativo. Esto lo que hace, desde el punto de vista político y social, es dar una señal que en otras oportunidades no han sido recepcionadas por el gobierno. Esto no le suma mejores antecedentes a la investigación, sino que sólo aporta en la medida en que haya una participación activa del querellante.