Fraude en Carabineros: cerca de 40 imputados enfrentarán juicio

Cuando se conoció que en Carabineros se había cometido un millonario fraude, nadie al interior de la institución dudó que se trataba de una de las mayores malversaciones a las arcas de la policía uniformada. El hecho, incluso, llevó a que el fiscal nacional, Jorge Abbott, lo calificara como uno de los casos más complejos investigados en la historia de la Reforma Procesal Penal.

El 6 de marzo los primeros antecedentes del millonario fraude salieron a la luz, aun cuando la investigación penal ya estaba en marcha y se mantenía bajo estricta reserva (ver página 4). El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, lideraba las pesquisas desde octubre de 2016, en conjunto con un equipo especial del OS-7 de Carabineros. Con ellos analizó el patrimonio y recopiló información bancaria de los primeros sospechosos de haber cometido un fraude que actualmente supera los $ 26 mil millones.

En la investigación ya se ha formalizado a 126 personas, entre los cuales hay ex uniformados y civiles. También a un general en retiro: Flavio Echeverría, ex director de Finanzas de la institución, y hasta ahora único otrora miembro del alto mando, quien enfrenta cargos por asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Tras la etapa inicial, ahora el caso se alista a pasar a su siguiente escenario: el juicio oral para un primer grupo de imputados. En enero de 2018 vence el plazo de término de las pesquisas, y el Ministerio Público ya delinea el panorama de cada uno de los imputados, donde los ideólogos del fraude irían "sí o sí" a juicio oral, según fuentes de la investigación.

Este grupo estaría compuesto por los supuestos líderes de la conocida "Mafia de la Intendencia". El grupo de imputados que iría a juicio oral oscilaría entre las 35 y 40 personas, donde figuran los nombres del general (R) Echeverría, los comandantes (R) Robinson Carvajal, Nail Bravo, Jaime Paz, Pedro Valenzuela, Ramiro Martínez, Arnoldo Rivero, Randy Maldonado, Francisco Estrada, Mauricio Saldaña, entre otros.

El grupo que está en la mira de la fiscalía para llegar a juicio oral forma parte de los ex uniformados que están sujetos a prisión preventiva.

También se contemplarían algunos civiles que supuestamente estuvieron involucrados en el origen del fraude. Se trataría de funcionarios que cumplían labores en los sistemas operativos que fueron vulnerados para malversar los fondos institucionales.

Este grupo estaría compuesto, por ejemplo, por el ex funcionario civil Eduardo Pardo. A él se sumarían los llamados "palos blancos" María Rojas y Mario Figueroa, matrimonio que habría recibido en sus cuentas corrientes cerca de $ 4 mil millones para ayudar en la malversación.

El abogado de este matrimonio, Pablo Villar, indicó que aún no existe ningún acercamiento con la fiscalía para conocer el futuro procesal de sus clientes, sin embargo, advirtió que "un largo juicio oral implica un importante desgaste emocional y económico para mis representados, quienes tendrían que pasar varios meses en juicio sin poder asistir a sus respectivos trabajos, lo que es un factor determinante a considerar".

Eventualmente podría haber más formalizados, dado que la fiscalía busca concluir la primera etapa, para luego dar paso a la investigación contra los autores del fraude que habrían participado entre 2006 y 2008.

Sobre el resto de los imputados, la fiscalía está acotando su real participación en cada uno de los delitos indagados; es decir, la asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos. En base a esto se tratará de establecer la participación y reiteración en estos ilícitos.

Para acotar el grupo que podría ir a un juicio oral o a un procedimiento abreviado, el equipo de fiscales está pensando en reformalizar a algunos imputados, para, por ejemplo, formularles cargos sólo por malversación y no por lavado de activos.

Es en ese escenario donde están el resto de los sospechosos, donde cerca de 60 "cuentacorrentistas" (civiles y uniformados que facilitaban sus cuentas para recibir el dinero del fraude y luego, a cambio de una comisión, devolverla a quienes pedían el "favor") podrían acceder con seguridad a un procedimiento abreviado.

Alejandro Peña, abogado que representa a cinco ex uniformados en la causa, señaló que "nosotros estamos llanos como defensores a aceptar en algunos casos de nuestros defendidos un procedimiento abreviado, por cuanto nuestros defendidos tienen un rol muy secundario en la última línea de la malversación, dado que ellos sólo facilitaron sus cuentas corrientes para que la cúpula de líderes lucrara con estos dineros".

Daniel Martorell, abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, aseguró que el organismos aún no toma una decisión.

Pero según Martorell, "no puede hacerse un juicio oral con 130 imputados, porque es imposible hacerlo. Uno podría deducir que hay una presunción fundada respecto de los cabecillas o de los que están en núcleo duro (de los artífices del fraude), que uno puede deducir que van a ir a un juicio oral. También hay una presunción que no todos pueden ir a juicio oral, porque se trasformaría en inmanejable. Hay otras personas, además, con antecedentes incriminatorios de menor intensidad que otros que, por cierto, habrá que analizar para procedimientos abreviados".

En cuanto a los plazos de la investigación, cuyo cierre fue fijado por el tribunal para enero, la fiscalía puede pedir ampliar este margen. Sin embargo, esto aún no está decidido en el equipo investigativo, y se estima que el cierre podría solicitarse entre enero y mayo de 2018, porque aún quedan diligencias pendientes.

A la fecha, la fiscalía espera los resultados de las pesquisas en torno al ex general director de Carabineros Eduardo Gordon y al general Jorge Serrano, en otra de las aristas abiertas en esta indagatoria.

Según antecedentes del caso, en 2010 la Contraloría cuestionó el uso de $ 21 millones en gastos de representación de Relaciones Públicas de la institución, el cual era dirigido entonces por Serrano. Sin embargo, ese dinero fue restituido con fondos que Gordon le habría facilitado a su subalterno.

La fiscalía ya cuenta con una querella del CDE, por lo que se espera que en los próximos días se pida la formalización de Serrano y Gordon. De desarrollarse ese levantamiento de cargos, Gordon, que estuvo a cargo de Carabineros entre 2008 y 2011, se transformaría en el primer general director (R) en ser formalizado.