Fraude en Carabineros: congelan 89 inmuebles y 160 autos de imputados

Las personas investigadas en el marco del millonario fraude detectado al interior de Carabineros, que ya supera los $ 25.700 millones, no podrán vender sus propiedades ni vehículos hasta que la justicia dictamine su responsabilidad en estos hechos. Eso es lo que persigue una serie de peticiones que ha realizado el fiscal del caso, Eugenio Campos, al Séptimo Juzgado de Garantía.

De esta manera, y luego de obtener la autorización judicial, se mantienen congelados 89 propiedades y 160 vehículos de personas indagadas por estos hechos. Entre estos, se encuentran ex policías y civiles que para la fiscalía eran parte de la organización criminal. Algunos por haber recibido millonarios montos de las cuentas institucionales de Carabineros y otros como testaferros de los mismos.

Según detalla el primer escrito ingresado por el fiscal el 31 de marzo de 2017, son 23 las personas a las que se les prohibió vender o traspasar un total de 61 inmuebles en la Región Metropolitana.

Entre estos, se encuentran uno que está ubicado en La Reina y cinco en Ñuñoa, pertenecientes al ex jefe de Finanzas de la institución y miembro del Alto Mando, Flavio Echeverría.

El Ministerio Público justifica su requerimiento señalando que este ex funcionario es sindicado como "uno de los líderes o jefes de la organización. En su calidad de oficial superior y luego como general a cargo de la Dirección de Finanzas, le correspondía definir y decidir los montos que podían retirar de las cuentas, encargándose, además, de dar instrucciones precisas a los miembros de la organización para la consecución de sus fines ilícitos".

El texto agrega sobre Echeverría que era "el encargado de negociar y justificar el déficit que presentan las cuentas de Carabineros. Además, fue destinatario y receptor final de los caudales sustraídos".

Otro de los cabecillas de la agrupación, según el Ministerio Público, es el comandante (R) de Intendencia Héctor Nail. A él le congelaron cinco propiedades, tres en Providencia y dos en el centro.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, era el encargado de reclutar funcionarios que facilitaran su cuenta corriente a cambio de comisiones. Se desempeñó en el Departamento III de la institución y, supuestamente, se encargaba de coordinar los retiros desde las cuentas de los funcionarios para distribuirlos de manera física entre los demás integrantes de la organización.

En total, dice el Ministerio Público, recibió $ 164 millones como exceso de sueldo, desde la cuenta institucional de Carabineros por concepto de supuestas remuneraciones.

El comandante (R) Robinson Carvajal también es uno de los imputados a quien se le cautelan la mayor cantidad de bienes en Santiago. En particular, le pusieron esta medida a cuatro propiedades en Ñuñoa y una en Peñalolén.

De acuerdo a la fiscalía, Carvajal es un integrante operativo de la organización criminal. Se desempeñaba como jefe de la Sección de Planificación Presupuestaria del Departamento I y, junto con Nail Bravo, reclutaba efectivos para la red. Además, dice el Ministerio Público, recibió en su cuenta corriente, a lo menos, $ 199 millones.

El coronel (R) Renato Sarabia, en tanto, no podrá vender tres propiedades en Ñuñoa. El ex uniformado, según los persecutores, recibió en su cuenta corriente, a lo menos, $ 365 millones.

Propiedades en regiones

No solo se decretó la cautelar de prohibir a los imputados celebrar actos y contratos de sus inmuebles en Santiago. Luego de la primera autorización, el juzgado también dio acceso al congelamiento de otros 28 bienes de propiedad de 20 personas, de los cuales la mayoría están ubicados fuera de la Región Metropolitana.

Por ejemplo, a Nail le cautelaron, además de las cinco propiedades en Santiago, otras cinco más en regiones: una en San Javier, tres en Villarrica y otra en La Serena.

A Sarabia, por su parte, le congelaron otros dos bienes, en Viña del Mar e Isla de Maipo. Y a Carvajal otro más en Villarrica.

Asimismo, se cauteló el inmueble que el mayor (R) en la Sección de Intendencia de la policía uniformada, Nelson Valenzuela, tiene en Villarrica. Este último también es sindicado por el Ministerio Público como uno de los supuestos líderes de la agrupación.

A él se suma el coronel (R) Jaime Paz Meneses, jefe del Departamento de Presupuesto y Finanzas, quien está cumpliendo prisión preventiva en la subcomisaría Pudahuel Norte y se le congeló una propiedad ubicada en Buin.

Aparte de propiedades, el tribunal también aceptó el congelamiento de 120 ve- hículos pertenecientes a personas naturales y 40 más de personas jurídicas, todas asociadas al presunto fraude en la policía informada.

Entre ellos, dos motos y tres autos de Nail; tres autos y dos camionetas de Sarabia, y seis motos y cinco autos de Nelson Valenzuela. Asimismo, se congelaron también 69 cuentas bancarias de 10 personas naturales y ocho personas jurídicas. Entre ellas, del ex general Echeverría, Nail, Nelson Valenzuela, Carvajal y Paz Meneses.

Objetivo de la medida

"En general, esas medidas tienen por objetivo evitar que gente que se sospecha que obtuvo fondos ilícitamente, los invierta o los saque, para eventualmente recuperar los montos que obtuvo ilícitamente". Así explicó el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, la razón por la que se toman este tipo de medidas.

En tanto, Víctor Ossa Frugone, ex director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y presidente ejecutivo de Prelafit Compliance, detalló que "congelar bienes por el delito de lavado de activos no sólo tiene por objetivo resguardar esos bienes para efectos que no sean enajenados, lo que se pretende también es que no se siga lavando activos. Los bienes que se utilizan en el lavado están contaminados por el ilícito y el legislador quiere que no sigan siendo utilizados por el lavador".

Respecto a cuánto tiempo puede durar el congelamiento de los bienes, aseguró que "todo el tiempo que dure el proceso, ya que estos bienes pueden caer en comiso, salvo que se acredite que esos bienes no tienen conexión alguna con los ilícitos. En ese caso, la sentencia podrá absolver a los imputados por lavado y devolver los bienes".

De acuerdo a un informe enviado el 9 mayo pasado por el director de Finanzas de Carabineros, el general René Ureta, al general inspector de la institución, Nabih Soza, entre 2006 y 2016 "no se efectuaron investigaciones sumarias, ISA o sumarios administrativos atingentes a materias financiero-contables como las que están siendo investigadas en la mencionada causa".

Pese a esto, dice el documento, el Departamento III informó en diciembre de 2016 a la Dirección de Finanzas "que una diferencia de cálculo de remuneraciones y su posterior pago de manera errónea afectó al capitán Felipe Ávila, por lo cual el director de Finanzas de la época remitió los antecedentes al coronel Jaime Paz, jefe del departamento de Presupuesto" para que iniciara una investigación. Paz es uno de los ex uniformados a los que se le congelaron los bienes.