En marzo se cumple un año desde que se destapó el caso del fraude al interior de Carabineros. Lo hizo público el general director de la institución, Bruno Villalobos, y en ese entonces era imposible dilucidar el alcance de la indagatoria que hoy ha acreditado la malversación de más de $ 26 mil millones.

Generales, coroneles, comandantes y civiles, denominados "palos blanco", fueron vinculados al caso e investigados por la fiscalía. Sin embargo, hace menos de un mes, un nuevo nombre fue asociado a la causa: la Asociación Damas de Intendencia.

La indagatoria que lleva el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, cuenta con distintos equipos investigativos que aportan en las pesquisas: el Departamento OS-7 de Carabineros, abogados de la Contraloría General de la República y la Contraloría Interna de Carabineros. Esta última está encargada de revisar sumarios y todo acto administrativo interno de la institución.

Fue en ese contexto que, hace un mes, la Contraloría Interna de Carabineros detectó traspasos de fondos desde la Dirección de Finanzas a la Asociación de Damas de Intendencia, sin haber rendido los dineros correspondientes al año anterior.

Según revelaron fuentes del caso, fueron $40 millones los que recibió esta organización, compuesta por todas las parejas de los oficiales de la Dirección de Finanzas de Carabineros, entre los años 2013 y 2016 . La asociación era presidida por Luz Patricia Joashes, esposa del general (R) Flavio Echeverría, ex director de Finanzas de la institución.

Echeverría está formalizado en la causa por malversación, asociación ilícita y lavado de activos, en la causa que dirige el fiscal Campos, y es sindicado como uno de los ideólogos del fraude, junto a otros 20 imputados.

El informe sobre los fondos de esta asociación fueron remitidos por Carabineros a la fiscalía para que indague los eventuales alcances de delito que pueda, eventualmente, tener este movimiento financiero, entre Finanzas y las Damas de Intendencia. Además, la policía uniformada abrió un sumario interno para seguir recabando información sobre este grupo y sus fondos.

El origen

El grupo de las esposas de los oficiales de Intendencia, radicados hasta antes del fraude en la Dirección de Finanzas de Carabineros, estaba compuesto por entre 25 y 30 mujeres, siempre presididas por quien fuera el general jefe de la unidad a cargo de los dineros de la institución.

El fin de esta asociación, según explicaron desde la institución, era realizar actividades de beneficencia para ayuda social. En ese sentido, los fondos que recibían anualmente desde la dirección eran parte de un convenio entre Carabineros y el BancoEstado, sin embargo, según detectó el sumario interno de la policía uniformada, de los $ 40 millones entregados por convenio, $ 18 millones no fueron rendidos.

Cuando la policía uniformada identificó estos desajustes pidió una rendición a Luz Patricia Joashes, señora del general (R) Echeverría, quien devolvió los $ 18 millones en un sólo depósito, según aseguraron desde la institución y fuentes del caso. Sin embargo, esas mismas fuentes consultadas señalaron que en la indagatoria llama la atención que haya devuelto el dinero, siendo que ella argumentó que sí tenían justificación.

La Tercera se contactó con Joashes, sin embargo, declinó entregar una versión al respecto. No obstante, cercanos a la mujer señalaron que ella cuenta con toda la documentación para comprobar que los dineros entregados a la asociación sí fueron ocupados y que rindió lo objetado.

Una vez que estalló el fraude, la Asociación de Damas de Intendencia dejó de funcionar.

En tanto, desde Carabineros explicaron que "en el contexto de las instrucciones impartidas por el general director, relativas a fortalecer los controles internos institucionales, y luego de una exhaustiva revisión efectuada por la Contraloría General de Carabineros al Departamento de Finanzas se detectó un desorden administrativo en las rendiciones de cuentas de dineros utilizados para temas de bienestar social, algunas de éstas realizadas por la Dirección de Finanzas, en ese entonces a cargo de su ex director y con la participación de terceras personas ajenas a la institución".

Agregaron que "pese a que la totalidad de los valores involucrados fueron restituidos, ante esta situación -que podría tener caracteres de delito- el mismo ente contralor entregó todos los antecedentes a disposición del fiscal regional Eugenio Campos".