Nueve oficiales de Carabineros fueron removidos de la institución, luego de que ayer se diera a conocer uncomplejo fraude al interior de la policía uniformada que ascendería a más de 600 millones de pesos.

Los hechos, que se habrían originado entre 2010 y 2015, fueron realizados con un elaborado modus operandi, donde un capitán de Carabineros recibía depósitos desde una cuenta de la institución, para luego repartir el dinero entre otros uniformados.

La alerta surgió luego de que una unidad de Carabineros, encargada de analizar el comportamiento financiero de las distintas cuentas de la institución, detectara que un capitán en Punta Arenas recibía constantes depósitos por altas sumas de dinero, lo que no concordaba con el monto de sus remuneraciones. Uno de estos depósitos era cercano a los $ 40 millones.

De acuerdo a los primeros antecedentes que están en manos de la fiscalía de Punta Arenas, el giro de dinero se justificaba como una asignación al funcionario de esa ciudad, y luego se señalaba que había una equivocación y que se restituiría el monto, lo que finalmente no se efectuaba.

A raíz de la investigación interna que hizo Carabineros, se estableció que eran siete los oficiales involucrados, hasta ahora, en el fraude.

Quien habría liderado las operaciones sería el comandante de remuneraciones.

"Los hechos que se investigaron dan cuenta de la eventual comisión de algunos delitos por parte de algunos oficiales principalmente del escalafón de Intendencia, por lo cual se les ha pedido el retiro de la institución a un total de 9 de ellos en lo que va de la investigación. Esto puede originar un mayor número, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el proceso investigativo", dijo ayer el general director Bruno Villalobos.

Siete oficiales fueron desvinculados, además de un coronel y el director de finanzas de Carabineros, general Flavio Echeverría Cortez.

Estos dos altos mandos saldrían por su responsabilidad administrativa y no por estar implicados directamente en los hechos.

Villalobos agregó que "lo más seguro es que aparezcan otros (uniformados implicados) y también van a tener que seguir este mismo camino (de retiro), si ellos son responsables".

Asimismo, la máxima autoridad de la policía uniformada explicó que "hay dos investigaciones que están siguiendo su curso normal: el primero de ellos es una investigación judicial que la lleva el fiscal regional de Punta Arenas y la otra es la investigación administartiva".

"Nosotros como institución estamos dólidos, estamos avergonzados, es una situación no deseada", dijo.

A su vez, añadió que "es un delito muy técnico que escapa a un control normal".

Por su parte, el diputado PPD, Daniel Farcas, quien preside la comisión de Seguridad Ciudadana, dijo que "resulta muy preocupante que una de las instituciones con mayores prestigio y con mayor credibilidad de nuestro país se ve afectada por esta acción gansteril de algunos de sus miembros".

"Hay que tomárselo muy en serio y que se tomen efectivamente todas las medidas tendientes a aclarar y sobre todo ver cuál es la magnitud y las ramificaciones reales que ésto puede tener", añadió el parlamentario.