Una organización en que los carabineros participantes cumplían diversos roles para lograr el desvío de fondos públicos, por un monto que hasta ahora alcanza los $8 mil millones. Tres ex oficiales que actuaban como coordinadores y al menos 14 otros efectivos que facilitaron la acción. Ése es el modelo del fraude en Carabineros relatado en las 17 páginas de la querella que el Consejo de Defensa del Estado presentó hoy por dicha situación, en que se pide incluso que la PDI inicie indagaciones para determinar el destino de los fondos que fueron desviados.

La querella identifica como coordinadores del proceso al los coroneles Jaime Paz Meneses, Héctor Nail Bravo y Róbinson Carvajal Leiva, quienes trabajaban en diversos departamentos de la Dirección de Finanzas de Carabineros.

A continuación, el escrito del CDE identifica a un grupo que "concertadamente con los anteriores querellados actúan facilitando sus cuentas corrientes y efectuando los retiros y traspaso en efectivo de dineros desviados a los primeros", entre los que la querella indica a Pedro Valenzuela, Mauricio Saldaña, Ramiro Martínez, Nelson Valenzuela, Sergio Collao, Carlos Rojas, Francisco Estrada, Juan Pablo Muñoz, Víctor Manuel Escobar, Juan Hernán Moraga, Claudio Venegas, Patricio Morales y César Fernández.

"En el mes de noviembre del año 2016, uno de esos abonos a cuentas particulares proveniente de la cuenta fiscal llamó la atención de una entidad bancaria, la que consideró dicho movimiento como 'operación sospechosa' conforme a las normas contenidas en la ley número 19.913 sobre lavado de activos, por lo que dio aviso a la Unidad de Análisis Financiero", se señala en el texto.

"En los hechos los caudales estuvieron en tres patrimonios: el patrimonio fiscal de origen (cuenta corriente de Carabineros), del cual son sustraídos; el patrimonio de paso (cuenta corriente particular del facilitador desde donde son girados en efectivo) y -salvo el monto de 'comisión' que quedaba al facilitador- el patrimonio final de los ex oficiales que manejaban y coordinaban el flujo de la sustracción y se beneficiaban de los delitos y transferencias", dice la querella.

Sobre Paz, Nail y Carvajal, el documento indica que "son estos mismos querellados quienes reclutan a los facilitadores, tienen control administrativo de la Dirección y sus secciones e, incluso, frente a la sospecha de un banco, uno de ellos llama directamente a fin de evitar la denuncia".

Y entre las peticiones, el CDE solicita la intervención de la PDI en la indagatoria, pidiendo que "se ordene a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos practicar todas las diligencias necesarias para determinar el destino final de los fondos públicos sustraídos, en especial la ubicación de los bienes adquiridos por éstos, a fin de ejercer las cautelares reales y acciones de orden civil para resarcir el patrimonio fiscal".