Según consta en documento que la fiscalía hizo llegar al Juzgado de Garantía de Punta Arenas se señala que "se está investigando una asociación ilícita dedicada al menos desde el año 2011, a realizar maniobras de adulteración de los registros de bases de datos de Carabineros de Chile, efectuando transferencias electrónicas desde cuentas institucionales a cuentas bancarias personales de funcionarios policiales activos, funcionarios en retiro, familiares de los mismos y civiles, para hacer pasar dichos depósitos como remuneraciones, viáticos u otros".
Para detallar el rol de cada uno de los sospechosos es que el Ministerio Público hizo llegar al tribunal el nombre y el vínculo de cada uno. Según el documento se entrega información de 99 personas, donde están los oficiales investigados, sus cónyuges y sus hijos, que en algunos casos no superarían los 3 años de edad.
Además de este detalle, el fiscal Campos da cuenta de 59 sociedades, donde se detalla cuál pertenece a los oficiales (r) investigados. Por ejemplo, en el caso de Héctor Nail Bravo (uno de los sindicados sospechosos) se le vincula a una inmobiliaria que también es "de propiedad de Nelson Valenzuela, quien es funcionarioen retiro de Carabineros de Chile)".
Sobre la pareja del teniente coronel (r) Nail también se entregan antecedentes por su vínculo con una empresa de transportes, en la cual también, según la fiscalía, participa el oficial de Carabineros.
También el Ministerio Público solicitó "decretar la medida cautelar real de retención sobre las cuentas corrientes y demás productos financieros de las personas naturales y jurídicas señaladas", oficiando para esto a 17 instituciones financieras que tienen algún tipo vinculación con las personas investigadas.
Escuchas telefónicas
Entre las diligencias solicitadas por el Ministerio Público al tribunal estaban la interceptación de teléfonos de los imputados. Así lo expone la fiscalía, con información proporcionada por el OS-7, al juzgado.
"Diversas intervenciones telefónicas autorizadas respectivamente por el Juez de Garantía, referidas a coordinaciones entre los sujetos implicados para 'maquillar' las bases de datos que previamente habían sido adulteradas, con el objeto de no ser descubiertos en una investigación de Contraloría Financiera llevada a cabo por Inspectoría General de Carabineros, iniciada por instrucción particular de este Fiscal, de 23 de diciembre de 2016 mediante Oficio N°209/2016", se señala el escrito.
