En el marco del caso conocido como Fraude a la Intendencia 2, la Fiscalía formalizó esta mañana como autor de ese delito al diputado Cristián Urízar Muñoz (PS), a quien se imputa haber defraudado al erario nacional en unos 68 millones de pesos, ilícito en el que actuaron en calidad de cómplices otras tres personas.

Los otros imputados que escucharon comunicación de cargos son Luis Vásquez Aguillón (militante socialista), Carolina Ibaceta Arenas (pareja del anterior y asesora del parlamentario en el Congreso) y Lautaro Correa Castillo (entonces concejal socialista en La Calera).

La formalización fue encabezada por el Fiscal Regional, Pablo Gómez Niada, junto a los fiscales de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional, Claudio Rebeco Muñoz y José Uribe Ortega.

Conforme a los antecedentes vertidos en audiencia, en marzo de 2009 Urízar fue elegido consejero regional por la provincia de Quillota, siendo una de sus funciones la de resolver, sobre la base de la proposición del intendente, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), incluido el denominado 2% del FNDR.

Estos recursos públicos, asignados anualmente en la ley de presupuestos, estaban destinados a financiar proyectos concursables en las áreas de cultura (2%), deporte (2%) y seguridad ciudadana (2%), postulados por organizaciones territoriales o funcionales, públicas o privadas, sin fines de lucro.

En noviembre del 2011, Urizar renunció al cargo de consejero regional, dadas sus intenciones de postular a un cupo parlamentario, y de acuerdo con los antecedentes de la investigación, entre 2011 y 2013, él y su coimputado, Luis Vásquez, reclutaron a un conjunto de organizaciones privadas, sin fines de lucro.

Las directivas de estas organizaciones estaban integradas por militantes o simpatizantes del Partido Socialista, cercanos a ambos, y utilizando el nombre y persona jurídica de tales organizaciones, Vásquez y Urízar presentaron en los distintos concursos del 2% del FNDR un total de 10 proyectos, por un monto total de $ 117.800.000.

Vásquez, por medio de su empresa Genes, y con pleno conocimiento de URIZAR, intervino en la ejecución de todos los proyectos, recibiendo de las organizaciones la totalidad de los fondos asignados, encargándose también de preparar y cuadrar las rendiciones de cuentas.

A los eventos recreativos vinculados a los proyectos se invitó y trasladó a numerosas personas residentes en las comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales, Hijuelas (que precisamente comprende el distrito 10 por el que resultó electo el diputado Cristian Urizar), a los cuales concurrió el propio candidato, compartiendo y fotografiándose con los asistentes, con el claro propósito de posicionar su imagen política y ganar adherentes a su futura candidatura.

Durante la audiencia, el Fiscal Regional sostuvo que Vásquez sobrevaloró los ítemes de gastos, permitiendo a Genes apropiarse de al menos el 65% de los fondos públicos asignados para la ejecución de los mismos, generándose una defraudación fiscal en la que Urízar consintió, facilitando y permitiendo, en su calidad de consejero regional, la aprobación de los mencionados proyectos.

Además de lo anterior, a Vásquez y a su entonces pareja, Carolina Ibaceta, se les imputó haber ocultado la motivación política de estas maniobras, pues las bases no permitían realizar actividades proselitistas en el marco de los referidos proyectos; disimular la mera instrumentalización de las distintas organizaciones –todas políticamente afines- aparentando interés y auténtica voluntad de parte de sus miembros en el proyecto; y simular la oferta de un segundo cotizante (empresa V12), para así aparentar el cumplimiento de las bases que establecían la obligación de presentar al menos dos cotizaciones.

La Fiscalía enfatizó que los proyectos se aprobaron gracias a la intervención directa de Urízar, en su condición de consejero regional, mediante un conjunto de acciones que supusieron abierta infracción a los deberes del cargo, en especial el de probidad, resguardo de los recursos públicos y sujeción a las bases, ya que en la mayoría  de los casos los ingresó directamente al Gobierno Regional, a nombre de las referidas organizaciones, asegurando el  financiamiento de estos con cargo a su cuota de consejero en la distribución del presupuesto. En algunos casos, incluso, requirió que funcionarios del GORE aprobaran proyectos que habían sido rechazados en la etapa de evaluación técnica o que derechamente se encontraban fuera de bases.

De acuerdo con la investigación que ha desarrollado la Fiscalía, la sobrevaloración de los proyectos antes indicados acarreó un perjuicio fiscal de $ 60 millones, a los que se agregan otros 8 millones de pesos defraudados a través de otro proyecto para el cual Urízar, Vásquez y Correa convencieron a un grupo folclórico para que sus dirigentes firmaran documentos destinados a la postulación de una iniciativa con fines culturales y sociales.

Para tal efecto, conforme a los antecedentes de la formalización, Vásquez se hizo cargo de la elaboración del proyecto, su postulación, ejecución e incluso de la rendición de cuentas del mismo. Como era urgente avanzar con la iniciativa porque el plazo de postulación vencía al día siguiente, el propio Urizar y Correa visitaron en su domicilio a la presidenta de la agrupación folclórica y la trasladaron hasta un ciber café donde el consejero le hizo firmar la documentación pertinente.

Gracias a lo anterior, en agosto del 2011 Vásquez presentó al Gobierno Regional de Valparaíso el proyecto sin que la directiva del grupo folklórico advirtiera que los imputados habían consignado en la postulación un objetivo y monto muy distinto a lo conversado: dos jornadas recreativas en un centro recreacional de Olmué, con un costo de $ 8 millones de pesos para 450 personas.

En el referido proyecto, Vásquez, actuando como representante legal de "Genes", fingió voluntad de competir, y para simular que la organización postulaba con apego a lo exigido en las bases (exigencia de al menos dos cotizaciones), e incorporó, además de la  propuesta de su empresa, la oferta de una segunda empresa (V12), por un precio evidentemente superior al suyo, aparentando así el cumplimiento de un requisito de admisibilidad.

Terminada la audiencia, se fijaron medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para Correa e Ibaceta. Vásquez se mantuvo con medidas cautelares por causa anterior, y el actual diputado socialista no quedó con ninguna ya que aun goza de fuero parlamentario.

El tribunal determinó un plazo de 120 días para que se termine la investigación de estas aristas del caso Fraude Intendencia 2.

En tanto, el senador Alejandro Navarro, indicó que "hasta donde tengo conocimiento esto fue advertido al PS antes de la campaña y se tomaron decisiones. Pero no es novedad, este caso viene de arrastre y yo siento que este tipo de decisiones llevan a que se cuestione a los partidos. Esto se sabía, pero a veces las lealtades personales son mal defendidas. Hay que distinguir entre los temas de estado, la lealtad al partido y las lealtades personales. Yo creo que ahí opero mas bien la lealtad personal que nuevamente vuelve a golpear a los partidos. Esto es malo para él, es malo para el PS, es malo para todos".