Las leyes de competencia se han vuelto un instrumento cada vez más utilizado a medida que las economías global y nacionales se vuelven cada vez más interdependientes. En los últimos años, un proceso de convergencia ha visto la adopción de un enfoque cada vez más económico y menos legalista a la regulación antimonopolios. Y Chile, según Frédéric Jenny, profesor de Economía en ESSEC y presidente del comité de Competencia de la Ocde, ha tenido un éxito notable en las reformas que ha emprendido.

El profesor Jenny vino a Santiago para participar en el lanzamiento del Informe sobre Estudios de Mercado en Latinoamerica, una actividad que organizada por la Ocde y la Fiscalía Nacional Económica de Chile, que contó con el apoyo de expertos de Reino Unido (CMA), EE.UU. (FTC), y la Comisión Europea (DG Comp).

La Ocde ha hecho un gran esfuerzo para impulsar la cooperación e intercambio de información en temas tributarios. ¿Hay una campaña similar en temas de competencia?
En el campo de la competencia, hemos estado trabajando por varios años en la OCDE para mejorar la cooperación entre autoridades de competencia, para establecer intercambios de información. Esto es importante, porque cada vez más casos son internacionales. Ya hay un alto nivel de cooperación, estamos trabajando en profundizar esa cooperación, más allá de los intercambios globales que ya tenemos, y en particular explorar si hay posibles formas de intercambiar información confidencial y bajo qué protocolos. Depende de los países establecer protocolos entre ellos para ese intercambio de información.

¿Son las regulaciones suficientemente parecidas entre países como para iniciar este intercambio?

Ciertamente tienen objetivos comunes. Hemos visto mucha convergencia en el campo de la competencia en los últimos 10 a 15 años, bajo influencia del comité de competencia de la OCDE, pero también de otros. Vemos el mismo tipo de instrumentos surgiendo en distintos países, las metas y principios de análisis se han vuelto muy similares, el rol de la evaluación económica en la forma en que se abordan los temas de competencia ha aumentado en todas partes. Entonces, si bien no diría que hay un parecido absoluto, porque son sistemas legales diferentes, en diferentes etapas de desarrollo, pero el grado de cooperación y convergencia es alto. Y eso es lo que promueve la OCDE y otras instituciones, el avance ha sido espectacular.

¿Cuánto tiempo lleva este proceso?

Es un proceso de largo tiempo, que cobró fuerza a mediados de los 90 y después de los 2000. En la década de 2000 hubo un evento importante, que fue que la Comisión Europea, cambió su enfoque de uno más legalista por uno más económico, acercándose a Estados Unidos y muchos otros países. Eso ha facilitado la cooperación entre reguladores, porque tenían una mirada similar a los distintos temas. Yo diría que desde los comienzos de los 2000 la convergencia se ha vuelto más intensa, introduciendo el análisis económico y haciendo la investigación más sofisticada.

¿Se ha acelerado en los últimos años?

Se ha profundizado. Entre 1990 y hoy, unos 70 países han revisado o actualizado sus leyes de competencia, y un número similar de países que han establecido una porque no tenían, tomando en cuenta la experiencia y mejores prácticas de otros.

¿Cómo ve Chile en este contexto?

Chile es un país que ha participado plenamente en este proceso, con varias revisiones a sus normas desde 2004, haciendo la ley chilena de competencia mucho más cercana a las buenas prácticas del mundo y también mucho más efectiva. Ahora hay un proyecto de ley en el parlamento que dará más herramientas a las autoridades de competencia, que ya existen en otros lugares.

Algo que es diferente en Chile es que el nivel de sanciones es bastante bajo, mucho más que el bajo que el promedio. Y no era una función de las ventas, como ocurre en la mayoría de los países. El proyecto de ley trata de resolverlo e incorporar elementos que ya son parte de la sabiduría convencional, como la necesidad de tener sanciones disuasivas para eliminar esas prácticas. Eso significa que deben ser suficientemente fuertes como para que las personas teman las sanciones y no incurran en prácticas anticompetitivas. Ese es claramente un ejemplo de convergencia.

Uno de los elementos que se introduce son las penas de cárcel. ¿Es un paso en la dirección correcta?

Como veo el proyecto, queda a discreción de la Fiscalía decidir si tratará en caso como criminal o buscará sanciones administrativas. Lo que hace es sumar la posibilidad de criminalizar el caso. Hay muchos países del mundo que lo hacen, como EEUU, Australia, Nueva Zelandia, Noruega, Francia, Sudáfrica, Canadá, Brasil. Al darle una mano más fuerte al regulador, con la posibilidad de sanciones más fuertes, se refuerza la lucha contra las prácticas anticompetitivas. Y en ese sentido, va en la dirección de tener amenazas convincentes contra quienes violen las reglas. La semana pasada, por ejemplo, en Estados Unidos se condenó a cinco años de cárcel a ejecutivos de una empresa que fijaron precios entre EE.UU. y Puerto Rico. Son muchos países los que tienen sanciones criminales, ya sea sólo sanciones criminales o además de las administrativas o civiles.

También se incorpora la figura de primer delator…

Por cierto, los programas de indulgencia. Es un ejemplo muy importante de convergencia. A mediados de los 90, es probable que EEUU haya sido en único país del mundo con un programa de indulgencia y tuvo mucho éxito, porque muchos infractores temían que otro denunciara para aprovechar los beneficios, así que otros países lo implementaron. Hubo una curva de aprendizaje, que básicamente se resume en que para que funcione bien, se necesita que haya sanciones severas, porque si no son severas los infractores no se autodenuncian. Y segundo, hay que tener una situación legal clara, el sujeto que reporta debe tener la certeza de que no será sancionado, lo que aumenta los incentivos. En pocos años quedó claro que era necesario ofrecer inmunidad plena desde el comienzo. Hoy, en un período de 15 años, prácticamente todos los países del mundo hay programas de indulgencia, y se ha convertido en una de las herramientas más efectivas en el cumplimiento de las normas anticarteles.

Entonces, su evaluación general es que Chile no se ha quedado atrás en temas de competencia.

El mensaje general, que se basa en el hecho de que hemos examinado el caso de Chile en el marco de la OCDE y de estas sesiones, en el contexto de procedimientos para compras y fusiones, es que Chile es un país interesante, que despertó en el frente de la competencia al comienzo de la década del 2000 y ha avanzado de manera importante, con casos muy significativos, como el de las farmacias, las pantallas planas, que ahora está adoptando instrumentos muy útiles que forman parte de la sabiduría convencional. Chile ha sido una historia de éxito, significativa. Y la última deficiencia importante, la falta de sanciones adecuadas, está por ser corregida. Desde el punto de vista de una buena ley de competencia, un regulador efectivo y herramientas de cumplimiento, creo que Chile ha llegado muy alto. Y en un período muy corto, 10 años.