Hasta el exterior del ex Congreso en Santiago llegaron este martes diversas organizaciones pro migrantes con el objetivo de presionar para que antes de que finalice el actual gobierno se realice una regularización extraordinaria de inmigrantes.
En medio de la alta temperatura que acompañó a los manifestantes, reunidos en la Plaza Montt-Varas, se unieron por primera vez diversos representantes del Frente Amplio, liderados en la ocasión por la ex presidencial del conglomerado Beatriz Sánchez.
"Se calculan en 100 mil, incluso más, el número de inmigrantes que están en situación irregular. Eso significa que son parte de un mercado negro, que ellos y sus hijos no tienen los mismos derechos que los chilenos en cosas básicas, como salud y educación", indicó la otrora abanderada y poseedora del 20,27% de los votos en la primera vuelta presidencial.
Sánchez también consideró necesario modificar el enfoque de los proyectos de ley de migración presentados tanto por la Nueva Mayoría como por Chile Vamos. En el caso de esta última propuesta, miembros del conglomerado adelantaron la intención de "rescatar" el proyecto de 2013, dadas las críticas y el futuro incierto que rodea a la legislación ingresada por el actual gobierno.
Para la periodista, "se necesita un enfoque de derechos. Ambas leyes no tienen esa posición, más bien un enfoque de sospecha respecto de las personas y familias que vienen a instalarse a Chile",
De acuerdo a Eduardo Thayer, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones -entidad de la sociedad civil que asesora al Departamento de Extranjería y Migración (DEM)-, en Chile existirían entre 80 mil y 100 mil personas indocumentadas. Dicho número, aclara, provendría de información de las seremis de Educación y estimaciones de visas consulares otorgadas por el país.
Según el doctor en Sociología y militante del Movimiento Autonomista, la expectativa de las organizaciones es conseguir que en los dos meses que restan de gobierno se aplique esta excepción administrativa, como ya ocurrió en 1998 y 2007. En dichas oportunidades se regularizó a 22 mil y 46 mil extranjeros, respectivamente.
"El gobierno tiene que hacerse cargo de estas personas a las que se les niega la personalidad jurídica, que es un derecho humano fundamental reconocido por las convenciones internacionales", aseveró Thayer, quien enfatiza que de no obtenerse resultados con la actual administración, insistirán con el gobierno del presidente electo, Sebastián Piñera.
Para la diputada Paulina Núñez (RN), quien formó parte de la mesa que elaboró la propuesta de migración de Piñera, la posibilidad de una amnistía "debe ser evaluada", al tratarse de una decisión que tiene sus "pros y contras".
Núñez añadió que sería positivo regularizar a "todos los inmigrantes", aunque también estimó que habría que evaluar "cuánto le significaría al Estado aumentar su población de forma importante".
