A través de testimonios, filmaciones y documentos, como el registro de ingresos, ha comenzado a tomar cuerpo el sumario interno del Senado, para indagar presuntas responsabilidades administrativas en torno a la ocupación de la sede del Congreso en Santiago, el 20 de octubre.
Sin embargo, aún faltan diligencias en la indagación a cargo del abogado Mario Tapia, secretario de la Comisión de Gobierno Interior, quien fue mandatado como fiscal por el Senado. Dentro de este proceso interno -paralelo a la investigación judicial-, en los próximos días podrían declarar parlamentarios y algunos asesores a honorarios, entre ellos, el jefe de gabinete del titular del Senado, Guido Girardi, Juan Walker, a quien los funcionarios atribuyen un rol clave el día de los incidentes.
Según coinciden fuentes policiales, colaboradores de parlamentarios y también funcionarios que han entregado antecedentes al proceso, a Walker se le responsabiliza de tres situaciones. Primero, por haber sido alertado oportunamente del ingreso ilegal de activistas y no haber tomado medidas desde un principio. Luego, se le menciona por haber autorizado el ingreso de un grupo adicional de manifestantes, y finalmente, por haber proporcionado claves de Wifi, lo que permitió que la ocupación fuese transmitida por internet.
Estas acusaciones sustentarían gran parte de las críticas que hicieron las bancadas de la DC, RN y la UDI al papel que jugó Girardi, quien inicialmente expresó su simpatía por la ocupación del ex Congreso. Estas quejas derivaron, incluso, en que los legisladores oficialistas presentaran una fallida censura contra Girardi, mientras que la DC exigió una serie de condiciones, entre ellas, el inicio de un sumario.
Ayer, el asesor de Girardi dijo que "no me hago cargo de infundios", y agregó que siempre mantuvo una actitud severa con los manifestantes. Además, señaló que los activistas portaban internet móvil y que dio órdenes a personal de seguridad del Senado para que no los dejaran circular por el edificio, ni siquiera para ir al baño, lo que -a su juicio- no fue acatado por los funcionarios.
El fiscal Mario Tapia, quien aún no pide la versión de Juan Walker, se excusó de dar información del proceso y sólo señaló que "se han practicado diligencias y que aún hay otras pendientes". En esa línea, dijo que no tenía claro cuándo podría culminar su investigación.
En tanto, algunos parlamentarios opositores defienden a Walker y dicen estar al tanto de versiones opuestas que revivirían una antigua rivalidad entre funcionarios de planta y asesores a honorarios. El inicio del sumario generó malestar en los funcionarios de carrera del Congreso, que podrían ser sancionados si se comprueban faltas administrativas. Por el contrario, Tapia no tiene atribuciones para imponer sanciones a asesores a honorarios, como Walker. No obstante, todo antecedente que figure en el proceso podría ser usado en el marco de la investigación del Ministerio Público.
En todo caso, Juan Walker no es el único asesor parlementario que es mencionado en el proceso. En él también se apunta a la oficina del senador del MAS Alejandro Navarro.