Tal como ocurrió en 2010, cuando el gobierno de Piñera marcó el primer cambio de coalición desde el retorno de la democracia, a contar de marzo último las acusaciones por desvinculaciones masivas no se hicieron esperar desde la oposición de turno.
A seis meses del comienzo de la administración actual, y en respuesta a una solicitud de información a través de la Ley de Transparencia, Contraloría entregó un balance sobre el total de funcionarios que dejaron el sector público durante el traspaso de poder.
Según las cifras del organismo, entre marzo y abril de este año, 11.483 trabajadores del sector público fueron desvinculados o renunciaron, lo que representó un incremento de 24,8% respecto del gobierno anterior. Eso sí, el total difundido por Contraloría incluye los distintos subsectores que conforman el aparato público, como municipalidades, salud y universidades (ver infografía).
Desde el gobierno central -que incluye los ministerios y sus subsecretarías-, durante los dos primeros meses de gobierno, salieron 1.778 funcionarios, es decir, un alza de 50,9% respecto de marzo-abril de 2010.
PROTECCIÓN LABORAL
Tras la polémica por los despidos, los ministerios del Trabajo y de Hacienda crearon una mesa de trabajo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).
"No tuvimos una cifra muy alta de despidos. En nuestro sector, que es la administración central, no llegaron a los 200. En el gobierno anterior hubo más de 11 mil despidos", afirma Nury Benítez, vicepresidenta de la Anef.
Del trabajo de la mesa que, afirma, revisó caso a caso, destaca que se lograron avances como recontrataciones o que resolvieron situaciones vía acuerdo, por ejemplo, con incentivos al retiro.
Asegura que actualmente el rol de esta instancia, donde también participan el Servicio Civil y la Secretaría General de la Presidencia, se encuentra más bien enfocada en mejorar la estabilidad y condiciones laborales de los funcionarios públicos.
Una de las solicitudes planteadas por la Anef, dice, es que quienes se desempeñen a contrata por más de 12 meses se transformen en funcionarios de planta, así como eventualmente fijar un período en que no se pueda desvincular a funcionarios.
Según el último informe de estadísticas de recursos humanos del sector público que elabora la Dirección de Presupuestos (Dipres), correspondiente a 2012, el gobierno central cuenta con 214.755 funcionarios públicos. De ellos, cerca del 60% es dotación de planta.
"Es a los funcionarios a contrata a quienes echan, porque hay que cumplir con requisitos para despedir a los de planta: sólo salen si tienen mala calificación y un sumario administrativo que determine que incurrió en una falta disciplinaria o de probidad. El personal de planta está estancado, mientras que el a contrata ha crecido y la gran mayoría tenía una cláusula que decía que trabajaban hasta que sus servicios fueran necesarios. Por ende, están en bandeja de plata para quien quiera, a su arbitrio, echarlos", explicó Benítez.
La vicepresidenta de la Anef detalló que la mesa dividió el trabajo en cinco grupos que abordan distintos temas, como empleo, remuneraciones, relaciones laborales, derechos colectivos, equidad de género y buenas prácticas laborales. El plazo que en julio la Presidenta Bachelet comprometió para obtener resultados, asegura Benítez, es fines de este año.
En cuanto a la condición de los funcionarios a contrata, precisa que forma parte de una agenda corta que debiera ser resuelta con urgencia.
