Fue el 23 de enero pasado cuando, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el ex Presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a los alcaldes del país a colaborar con las zonas afectadas por los incendios forestales.Aunque su llamado generó diversas críticas por parte de la Nueva Mayoría -desde donde lo acusaron de "aprovechamiento político"-, en Chile Vamos dicen que ese mensaje grafica lo "preocupado" que ha estado Piñera por la magnitud de los incendios. De hecho, en la oposición afirman que ha estado constantemente monitoreando -desde sus vacaciones- cómo evoluciona la situación en las distintas regiones.

Quienes han conversado con él durante los últimos días señalan que el ex Presidente ha expresado cuestionamientos al hecho de que, luego de tres años de gobierno, la actual administración no haya agilizado el trámite del proyecto -enviado por Piñera en 2011 al Congreso- que reforma la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), reemplazándola por una Agencia Nacional de Protección Civil. Aunque en abril de 2015 el gobierno excluyó esta reforma de sus prioridades legislativas, en la última reunión del comité político de La Moneda con los partidos oficialistas -realizada el 25 de enero- se acordó que se pusiera urgencia a las iniciativas que buscan crear una nueva institucionalidad en materia de emergencias.

En este contexto, Piñera encomendó al equipo de la Fundación Avanza Chile -donde trabajan sus más cercanos colaboradores, así como el equipo que diseña un nuevo programa de gobierno- a elaborar una serie de propuestas en materia de emergencias y sintetizarlas en un documento.

Esto, dicen en su entorno, como una manera de aportar al debate que se retomará en el Congreso."Lecciones del 27F: Propuestas para enfrentar la emergencia, la reconstrucción y estar mejor preparados ante futuras catástrofes" es el nombre del texto, que incluye propuestas como fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas en el manejo de catástrofes, así como crear un Comité de Operaciones de Emergencia (COE) liderado por el ministro del Interior y en el que estén incorporados los alcaldes de las zonas afectadas, entre otros planteamientos.Además, el documento incluye diversas propuestas para que las actuales autoridades enfrenten la emergencia y los procesos de reconstrucción de las zonas afectadas. Esto, señala el texto, sobre la base de la experiencia que tuvo la administración piñerista en las políticas públicas implementadas tras el terremoto del 27F.

Nueva institucionalidad para enfrentar las catástrofes

Reforma a la Onemi e integración de alcaldes

"No podemos seguir postergando una profunda reforma a la institucionalidad de protección ante desastres. Debemos crear un sistema constituido por organismos públicos y privados, que se aboquen a enfrentar las distintas etapas de preparación para una emergencia", plantea el documento, que propone la creación de una Agencia Nacional de Protección Civil, que reemplace a la actual Onemi. Esto en línea del proyecto de ley presentado por la administración Piñera en 2011 que hoy se encuentra en el Congreso. Además, plantea la creación de un Consejo Nacional y Comités de Protección Civil y de un Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que estén liderados por el ministro del Interior; así como también la implementación de una nueva Red de Monitoreo Sísmico Nacional. Adicionalmente, se plantea que los alcaldes de las comunas afectadas por la emergencia sean incorporados -en los casos que corresponda- al COE.

Fuerzas Armadas asumiendo "rol central"

El texto plantea que "es indispensable incorporar plenamente a las Fuerzas Armadas y de Orden cumpliendo un rol central. Es necesario dar por superada la discusión respecto a la legalidad de la participación de las FF.AA. en la reacción frente a emergencias, independiente de la existencia de una declaración previa de estado de excepción constitucional". Así, se propone incorporara los militares como parte del Sistema de Emergencia y Protección Civil, participando en las tareas vinculadas a la prevención y preparación ante emergencias, así como en las labores de respuesta y en la entrega de ayuda humanitaria. Plantea mandatar al Estado Mayor Conjunto para que asuma la responsabilidad de sistematizar la información respecto de los recursos y capacidades disponibles dentro de las FF.AA., elaborando planes y protocolos para todas las etapas de una emergencia, así como designar autoridades militares de enlace para las zonas de emergencia.

Sistema aéreo de combate de catástrofes

La propuesta contempla darle a la Fuerza Aérea un rol protagónico en el combate de catástrofes. "Esta institución tiene la organización, el personal y la logística adecuada para conformar un sistema aéreo de combate a las catástrofes, incluyendo la lucha contra incendios, evacuaciones, transporte de material, entre otros", dice el documento. Además de la incorporación al Sistema de Emergencias de sus sistemas de mando y control, geoinformación y comunicaciones, "se recomienda dotar al servicio de cuatro aviones Hércules C-130 con sus respectivos kit de incendio, los que por costo y capacidad son los más apropiados para la extinción de incendios y respuesta a las emergencias". Adicionalmente, plantea evaluar la compra de aviones anfibios intermedios, como los Beriev Be-200 y los BombardierCl-415, y helicópteros de combate de incendios, "los que fuera de la temporada de incendios pueden cumplir funciones regulares de transporte y control".

Propuestas para la emergencia post incendios

Medidas para la etapa de emergencia inmediata

En un segundo apartado, el documento propone medidas para enfrentar la etapa de emergencia tras los incendios que hoy afectan a la zona centro sur. Entre ellas, plantea que en la etapa de emergencia inmediata el objetivo es acompañar a las familias en el proceso de recuperación de los servicios básicos, alimentación, agua potable, salud de emergencia, la conectividad, seguridad, comunicación, atención a los animales, etc. "Esto debe activarse inmediatamente mientras se enfrenta la crisis. En esta etapa se debe crear un Comité de Emergencia, nombrado por la Presidenta y bajo su directa dependencia, que deberá coordinar las acciones del gobierno. Sostienen que es adecuado nombrar a un secretario ejecutivo que disponga de atribuciones y recursos para abordar las diferentes etapas. A la brevedad se deberá iniciar el catastro por sectores sociales, productivos y de infraestructura que constate los daños que se derivan del incendio".

Fase de estabilizacióny soluciones

Una vez finalizada la emergencia inmediata, el texto plantea implementar soluciones transitorias que permitan normalizar lo más rápido posible -dentro de los primeros 30 días tras la catástrofe- las condiciones de vida de los afectados, a la espera de las soluciones definitivas. El texto plantea la construcción de viviendas de emergencia para las familias afectadas y una rápida habilitación de los espacios disponibles para los animales. Adicionalmente, propone levantar colegios de campaña y la reubicación en otros establecimientos no afectados en la misma comunidad o en comunas aledañas. "Ningún niño puede quedarse sin empezar las clases en marzo", dice el documento. En materia de salud, plantea instalar hospitales de campaña y Cesfam de construcción acelerada, así como la implementación de planes especiales de apoyo psicológico para las comunidades. Además, habilitar infraestructura de caminos rurales, puentes dañados, etc.

Planes de reconstrucción e incentivos para las zonas afectadas

Reconstrucción sustentable

Para la etapa de reconstrucción, y sobre la base de la experiencia del proceso post 27F, el documento propone implementar planes maestros de reconstrucción sustentable que puedan aplicarse a Santa Olga y otras localidades o villas rurales destruidas. Esto considera, entre otros aspectos, el saneamiento de títulos, la construcción de viviendas, urbanización y equipamiento comunitario. Además, plantea destinar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para recuperar la infraestructura destruida por los incendios. "Esto se ejecuta a través de la Subdere en coordinación con los gobiernos regionales y las municipalidades afectadas", dice el texto. Además, entre otras medidas, propone implementar una "vía rápida y gratuita de regulación de títulos de dominio, en el marco de la Ley N° 20.458, que establece la gratuidad para la regularización de bienes raíces afectados por la catástrofe y acorta plazos de tramitación".

Programas de empleo y recuperar la economía

Con el objetivo de restablecer rápidamente puestos de trabajo para los jefes de hogar, el documento propone implementar el programa "Manos a la Obra", para dar empleo temporal de emergencia para que los jefes de hogar puedan enfrentar esta etapa. "Se puede asociar a la recuperación de los equipamientos comunitarios", dice el texto. Adicionalmente, y para activar la economía local, se sugiere impulsar programas de emprendimiento local: apoyo a micro y pequeñas empresas, mediante financiamiento de capacitación, consultorías y asistencia técnica y planes de inversión, así como también un programa de competitividad y reconversión agrícola. Junto a lo anterior, se propone la conformación de una mesa de trabajo que facilite el financiamiento bancario, un programa de capacitación para trabajadores y comuneros agrícolas, un subsidio de mano de obra agrícola y la realización de ferias laborales que ayuden a encontrar trabajo.

Soluciones para los agricultores

Considerando que una parte importante de las localidades afectadas tiene un alto porcentaje de actividad agrícola, el texto plantea la implementación de un programa de alimentación de ganado (con recursos propios o en conjunto con los gobiernos regiones afectados), así como un subsidio de siniestralidad que condone créditos a los agricultores, un bono de siniestralidad (compensación en dinero a los usuarios de Indap afectados por los incendios) y la condonación de contribuciones agrícolas a los afectados por la catástrofe. Además, plantea un programa de desarrollo local y un fondo de desarrollo inicial, con asesoría técnica y fondo de inversión para elaboración y ejecución de proyectos a pequeños y medianos propietarios agrícolas de las zonas afectadas. Adicionalmente, propone otras medidas, como programas de alimentación para abejas (Indap), operativos sanitarios, programas de vacunación y desparasitado de ganado (SAG).