Un peritaje contable encargado a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. Esa es una de las diligencias claves solicitadas el pasado jueves por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y que debería llevar adelante el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, a fin de determinar el perjuicio causado al Fisco por cada contribuyente y contador presuntamente involucrado en el caso fraude al Fondo de Utilidades Tributables (FUT).

Esta investigación partió a fines de 2012, causa donde la fiscalía formalizó a 122 contribuyentes por delitos tributarios. En el mismo caso se imputó soborno al contador Sergio Díaz, y cohecho y lavado de dinero al ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Alvarez, quien se mantiene en prisión preventiva.

A esta pesquisa se suma otra donde el CDE le pide a Gajardo que se oficie al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que informe sobre el uso del Sistema de Información Integrada de los Contribuyentes (SIIC), la forma cómo operaban las claves de acceso a la plataforma, y la oportunidad y las condiciones en las cuales los funcionarios del SII accedían al sistema.

Estos requerimientos del CDE al Ministerio Público se pidieron en el contexto del caso FUT, causa que a fines de agosto abrió una nueva arista, al detectar supuestos aportes irregulares a campañas políticas por parte del Grupo Penta, según declaró ante la fiscalía el ex gerente Hugo Bravo. El holding, además, es indagado por otros delitos tributarios (ver nota secundaria).

La primera pista que surgió en la investigación del presunto fraude al FUT surgió en octubre de 2012, cuando la Subdirección de Fiscalización del SII detectó que 122 contribuyentes habrían obtenido devoluciones millonarias de impuestos a la renta tras aducir supuestas pérdidas tributarias, entre 2007 y 2010.

Según la fiscalía, estas operaciones se habrían realizado a través del ex funcionario del organismo Iván Alvarez, quien, a su vez, se habría coludido con el contador Sergio Díaz Córdova. Todo esto para modificar vía internet el llamado "Formulario 22", documento para declarar la renta, el cual se habría completado con información falsa, según el Ministerio Público. De este modo, de acuerdo a la fiscalía, los contribuyentes habrían aumentado los costos de los bienes y servicios de sus empresas con el objetivo de crear una aparente pérdida tributaria. Estos supuestos perjuicios les habrían permitido "simular que cumplían con los requisitos de la Ley de Renta para obtener la devolución del impuesto", detalla la querella del SII.

De acuerdo a la norma, los contribuyentes que deben pagar un impuesto de primera categoría y obtengan pérdidas -como sucedía en estos casos con las modificaciones irregulares de los formularios 22- tienen el derecho a solicitar la devolución del impuesto.

En medio de estas pesquisas, un captador de los contribuyentes, el martillero público Jorge Valdivia, quien falleció en julio, declaró ante el fiscal Gajardo sus vínculos con Penta. Tras ello, antecedentes en la investigación lo llevaron al nombre de Hugo Bravo, ex gerente del holding, quien habría pagado un sueldo de dos millones de pesos mensuales a Valdivia con recursos del grupo.

La investigación a Penta tomó forma cuando, en agosto pasado, el SII presentó una denuncia ante la Fiscalía Oriente para que investigara a los dueños de holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín, por "utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible".

En una de las tres declaraciones que entregó Bravo al Ministerio Público, reveló los supuestos aportes irregulares que habría realizado el Grupo Penta a campañas políticas durante las elecciones 2013.

Tras una nueva denuncia presentada por el SII en esta arista, la fiscalía solicitó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago órdenes de entrada y registro a las oficinas vinculadas a los ex candidatos Andrés Velasco y Laurence Golborne, y del ex senador de la UDI Jovino Novoa. También, la PDI registró una empresa que trabajó con Pablo Zalaquett durante su campaña. En las próximas horas, la fiscalía deberá resolver cuándo efectuará las primeras citaciones.