"El proceso ha sido un éxito", asegura el subsecretario general de la Presidencia (Segpres), Gabriel de la Fuente, luego de que el viernes venciera el plazo para que 74 mil funcionarios públicos en todo el país entreguen sus declaraciones de intereses y patrimonio. Esto, en el marco de la nueva ley de probidad en la función pública. Según el subsecretario, aunque en el camino ha habido problemas como la falta de información digital para hacer el trámite o algunas dificultades en la recopilación de datos, la mayoría ya ha cumplido con su obligación: "En comparación con lo que teníamos el viernes, estamos hablando de un cumplimiento de más del 95%. Y aquí se incluyen ministros, subsecretarios, secretarios regionales ministeriales, entre otros", informó.

¿Cree que se cumple el espíritu de la ley de probidad en la función pública?

Se cumple cabalmente, porque a esa ley que originalmente fue presentada por el ex Presidente Sebastián Piñera, la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, le agregó indicaciones sustantivas mejorando no sólo la declaración de patrimonio con un solo formulario, sino que además se aumentó la cantidad de sujetos obligados a declarar y se mejoró radicalmente la información que tienen que subir sobre su patrimonio y los intereses que pudiesen afectar su función pública. Definitivamente, hay una mejora notable de lo que teníamos.

¿De qué manera se fiscaliza el buen cumplimiento de la normativa?

La ley actual obliga a que una vez al año, es decir en marzo, se actualice la declaración. Esto se actualiza al determinado jefe de servicio y este tiene 30 días para entregar esa información a la Contraloría. La Contraloría debe determinar si hay alguna inconsistencia en la declaración. Si así existiera, se notifica al funcionario obligado y este tiene 10 días para rectificar. Si no se rectifica, puede haber una sanción que llegue hasta el cese de las funciones de la autoridad en cuestión.

¿Qué problemas se han presentado en el camino?

Un primer problema es la brecha digital de algunas personas que no saben cómo acceder a una plataforma digital. También ha habido problemas con la disponibilidad de datos, porque hay algunos datos que la gente no tiene y cuesta encontrarlos. Un ejemplo de eso podría ser la información de ciertos parientes. Pero el Estado no debiera preguntarme por datos que estén en otras bases públicas. Otro punto que podría mejorar es que los jefes de servicios deberían tener acceso a algún perfil auditor para que colaboremos mejor en la fiscalización.

El contralor Jorge Bermúdez lamentó hace unos días que cada vez se exige al organismo fiscalizar más, pero con los mismos recursos. ¿Cree que sea efectiva la revisión?

El hecho de que la ley establezca que esto se haga con un formulario único digital y este sea interoperable, logra que se genere un cruce de datos con información que la Contraloría ya tiene. Entonces, la fiscalización no requiere de necesariamente más fiscalizadores de la Contraloría por la forma en la cual se hace el procedimiento. Esto, independiente de si la Contraloría requiere más personas para otras funciones.

El contralor también advirtió que con esta información se podrían cruzar datos para advertir eventuales enriquecimientos indebidos.

Precisamente esa es la función que debe tener la Contraloría. Tienen el deber de determinar si las declaraciones son exactas o no y hacer los cruces con los datos disponibles para precaver que exista enriquecimiento con causa, conflictos de intereses o favorecimiento a parientes.

El viernes en la noche había sólo cerca de seis mil declaraciones hechas. ¿Por qué se produjo ese retraso?

Había más de seis mil, pero eso era porque el jefe de servicio que recibe la declaración tiene el plazo de 30 días para entregarlo a la contraloría.

¿Los ministros y subsecretarios hicieron sus declaraciones?

Sí, todos las entregaron y algunas de ellas ya están publicadas.

¿La Presidenta Michelle Bachelet ya presentó su declaración? Hasta ayer no era pública.

Ya está presentada, no sé si ya es pública.

¿Cuánto se avanza en transparencia con esta normativa y cuánto queda por hacer?

Se avanza muchísimo porque los ciudadanos podrán hacer un juicio íntegro sobre el actuar de sus autoridades al poder comparar patrimonio de ingreso, egreso e intereses. Sabrán cuáles son las relaciones comerciales o las propiedades que pudiesen entrar en conflicto con el interés general de un funcionario público. Y esa es información que sirve para profundizar la democracia. Esta es una gran herramienta para que los ciudadanos elijan mejor o denuncien posibles abusos.

¿Esta normativa podría mejorar la designación de autoridades por parte del gobierno?

Sin duda esto ayuda, porque es una fotografía y estará a disposición de todo aquel que queda fiscalizar. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando en regulación de conflictos de intereses y parte de la agenda de probidad es el proyecto que presentó la Presidenta y que regula de mejor manera esto. En ese proyecto se establece un "período de congelamiento" que tendría que tener una autoridad para cambiar su rol. Por ejemplo, debe haber un plazo en que un ministro de Minería pase a trabajar a una minera privada o viceversa. La experiencia comparada habla de cinco, seis o un año y también establece una suerte de indemnización adicional, ya que a esa persona se le limitará su libertad laboral en función de la probidad.