Garzón rechaza "frontalmente" su condena y anuncia que apelará la sentencia

El juez Baltasar Garzón rechazó "frontalmente" la condena a 11 años de inhabilitación que le impuso hoy el Tribunal Supremo español, y anunció que apelará a la sentencia que, a su juicio, "elimina toda posibilidad de investigar la corrupción".

El Alto Tribunal encontró al magistrado español culpable de prevaricación por haber autorizado a interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los presuntos cabecillas de una trama de corrupción con sus abogados, conocida como "caso Gürtel", que afecta a antiguos altos cargos del Partido Popular y sus abogados.

En una nota remitida a los medios de comunicación, Garzón asegura que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad".

Señala, además que "contribuye gravemente, en el afán de acabar con un juez en concreto, a laminar la independencia de los jueces en España".

Garzón denuncia que la sentencia no se ajusta a derecho, que le condena de forma injusta y predeterminada y subraya que a lo largo de toda su carrera ha cumplido siempre con rigor las normas y ha defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

"He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho siempre con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía", dice.

A esto añade, que su actuación en el "caso Gürtel" se ajustó a la ley y que tomó todas las medidas legales para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción.

El magistrado indica también que lo hizo partiendo de contundentes indicios y para evitar "la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como habían hecho antes, a los abogados".

En el comunicado, denuncia que se le ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y que el Tribunal Supremo ha prescindido de la implicación y participación de los abogados en la trama "Gürtel".

Garzón anuncia que acudirá a las vías legales que correspondan "para combatir" la sentencia y que ejercerá todas las acciones pertinentes "para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores" de la misma han cometido.

Según el magistrado, a lo largo del procedimiento, se han violentado sus derechos sistemáticamente, sus peticiones de defensa han sido desatendidas y el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra él "para poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses".

Asimismo, califica de aberración que la condena se justifique explicando que el hecho de que en el auto en que el ordenó intervenir las comunicaciones de los imputados en el "caso Gürtel" incluyera una cláusula para hacer prevalecer el derecho de defensa, revela que sabía que su resolución afectaba a ese derecho.

"La sentencia no dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice, sencillamente, porque no existe. Lo inventa", resalta.

Además, Garzón insiste en que la resolución falta a la verdad cuando dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho.

"Personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal", concluye.