Quienes conocen la trama de Carabineros en la Intendencia -lugar en que los oficiales usan uniforme, pero no salen a la calle, ya que su labor no es de Orden y Seguridad, sino que se dedican a gestionar los recursos económicos de la institución- saben de la velada enemistad entre el general (R) Flavio Echeverría y el ex coronel Fernando Pérez Barría.
El desencuentro data de 2012, año en que Pérez fue expulsado de la institución luego de que su test de orina arrojara positivo a sustancias ilícitas. De ahí en más, y tras el sumario que decretó su baja de la institución, varios miembros de la denominada "mafia de la Intendencia de Carabineros" apuntan sus sospechas a una eventual intervención de Echeverría -quien para la fiscalía es el líder de la agrupación que ha malversado más de $ 17 mil millones- en el resultado de ese examen.
Desde 2014, el ex coronel Pérez Barría comenzó ante el Consejo para la Transparencia una batalla para desacreditar los resultados de lo que califica un "falso positivo", pues una contramuestra habría demostrado que no existían rastros de droga en el test. Ambos ex oficiales de Intendencia tienen hoy calidad de imputados ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien indaga la histórica malversación en Carabineros y también ante la fiscal Macarena Cañas, quien tramita la arista por el supuesto mal uso de gastos reservados.
Es en este último caso que los "enemigos" se han reencontrado. Ambos han colaborado con la indagación de la fiscalía y han coincidido en varios de los antecedentes entregados. Según fuentes conocedoras de estas pesquisas, los ex oficiales han ratificado la existencia de listados con pagos irregulares a generales miembros del Alto Mando y a civiles con cargo a los fondos de gastos reservados de la institución.
Las discretas diligencias en la indagatoria que encabeza Cañas la llevaron esta semana a solicitar al 7° Juzgado de Garantía de Santiago la primera medida intrusiva contra la institución uniformada en esta indagatoria: la incautación de computadores, respaldos informáticos y servidores de correos electrónicos desde las oficinas de la Dirección de Logística y Personal de Carabineros, además de la Dirección de Presupuestos (Dipres), donde se investiga la participación del funcionario Hugo Zúñiga.
A diferencia del equipo que indaga la malversación de $ 20 mil millones, la fiscal Cañas decidió tramitar el caso con la PDI y no con el OS-7 de Carabineros.
Para que la justicia visara la diligencia de Cañas, ésta debió dar cuenta del avance de esta arista que surgió de la causa principal. Según fuentes que conocen el tema, la fiscal sostuvo que lo declarado por Echeverría, el coronel (R) Jaime Paz, el también coronel Renato Sarabia, el general (R) Iván Whipple y el coronel (R) Marcelo Zúñiga hacen sospechar de la existencia de funcionarios que recibían altas sumas de dinero de gastos reservados como parte de sus remuneraciones, es decir, sobresueldos.
Pérez Barría, por ejemplo, quien ya declaró ante Cañas y la PDI, ratificó el listado y sostuvo que durante los años que trabajó en Finanzas vio en ellos el nombre de la ex subsecretaria de Carabineros, consejera del CDE Javiera Blanco, quien acudirá esta semana a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados
