La posible condena por parte de los tribunales a una treintena de procesados por casos de violaciones a los derechos humanos, anunciada el lunes por el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y su eventual llegada a Punta Peuco, generó debate sobre el funcionamiento del penal.
El titular de la cartera, que ha señalado que la continuidad de la cárcel está en proceso de evaluación por parte de organismos técnicos, indicó que si se daba esta situación se provocaría un "mayor hacinamiento" en el recinto, ubicado en la comuna de Tiltil.
De acuerdo a información de Gendarmería, el establecimiento penitenciario posee una capacidad para 47 personas. El número se incrementó tras el cierre del penal Cordillera en 2013 y en la actualidad mantiene a 62 internos. En ese sentido, el vocero de la institución, el coronel José Maldonado, explicó que "hacinamiento es cuando la población penal supera el 100 % de la capacidad de diseño de una cárcel. Es decir, si el penal es para 100 personas y hay 200, estamos frente a una situación de hacinamiento. Esa es la diferencia técnica con la sobrepoblación. Punta Peuco no tiene una situación de hacinamiento, de ninguna manera".
En tanto, Alberto Figueroa, presidente nacional de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop), comentó que en ese penal "no existe hacinamiento, respecto de otras unidades que están sobredimensionadas en la población penal".
Agregó que las instalaciones pueden albergar a 80 o 90 internos sin mayor problemas. "En vez de poner una cama se podrían instalar literas, pero se debe ponderar el estado de salud de los internos que tienen una avanzada edad", agregó.
El ex ministro de Justicia Isidro Solís indicó que los casos de hacinamiento se deben considerar caso a caso. "Todo dependerá del diseño con el que fue edificada la cárcel", comentó.
Cabe señalar que el 22 de julio, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo donde se solicitó a la Presidenta Bachelet el cierre del penal creado en 1995, donde trabajan 83 personas.
Sobre la segregación carcelaria, José Antonio Gómez afirmó que "no es sinónimo de privilegio". Añadió que en el caso de violadores de derechos humanos, un eventual traslado podría afectarlos. "Eso no significa que no puedan cumplir condenas en penales comunes, eso es posible. Eso sí, tenemos que tener las condiciones suficientes de seguridad y segregación para que cumplan la pena".
Adecuar espacios
De acuerdo a un informe elaborado por la Corte de Apelaciones de Santiago, no está permitido el uso de contenedores como dormitorios, por medidas de seguridad. Desde Justicia indicaron que no se han ejecutado obras durante el actual gobierno y que la solución a la eventual llegada de nuevos internos se está revisando.
En Punta Peuco existen 12 contenedores. De ellos, 10 estarán destinados a reclusión, con una capacidad para 40 personas (uno para cuatro internos) y dos para comedor y sala de estar.
El vocero de Gendarmería, José Maldonado, dijo que "la corte ordenó subsanar la situación antes de habilitarlos. Y, hasta ahora, nunca ha sido necesario. En el evento de que presentáramos un aumento explosivo de condenados, tendríamos que hacerlo con las consideraciones hechas por la corte".
