Gendarmería notifica término anticipado de contrato de tobillera electrónica tras fallas

Falencias de hasta 200 metros para detectar la ubicación exacta de un condenado y la pérdida de la señal GPS por, incluso, 32 minutos fueron algunas de las razones que llevaron a Gendarmería a iniciar el proceso de término anticipado al contrato para adquirir tobilleras electrónicas.

La implementación de cerca de 3.500 dispositivos permitiría vigilar a sentenciados por delitos de connotación sexual, supervisar a autores de ilícitos de violencia intrafamiliar y, asimismo, alertar a las víctimas en caso de que un agresor transgrediera el radio de protección del afectado.

Según Gendarmería, otras fallas detectadas en el proceso de prueba fueron la inoperatividad del sistema en subterráneos y la eventual afectación de la señal al envolver los equipos en papel aluminio. La gravedad del hecho, a juicio de la entidad, era que la interrupción de la señal no era notificada al personal de monitoreo. Los errores detectados permitieron iniciar el proceso de término anticipado del contrato, estipulado en las bases.

CINCO DIAS HABILES

El vocero de Gendarmería, coronel Christian Alveal, aseguró que "la empresa fue notificada hoy (ayer) y tendrá cinco días para hacer sus descargos. A nosotros nos interesa salvaguardar la tranquilidad física de la víctima y el control adecuado del victimario". El oficial aseguró que la entidad no desembolsó dinero fiscal en el proceso de prueba.

El denominado sistema de monitoreo telemático surgió tras la aprobación de la Ley Nº 20.603, oficializada en junio de 2012 y que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

El proceso de licitación se lo adjudicó la empresa SecureAlert Chile SpA. Con el término anticipado del contrato, sin embargo, la firma tiene cinco días hábiles para hacer sus descargos, tras lo cual el director de Gendarmería, coronel Marco Fuentes, decidirá si pone término definitivo al contrato o deja sin efecto la medida. Esto permitiría iniciar un nuevo proceso de licitación.

Altas fuentes de la institución afirman que, debido a las falencias detectadas, el alto mando finiquitaría el millonario contrato.

De aplicarse esta medida, el nuevo ministro de Justicia, José Antonio Gómez, sería quien tome una decisión final al respecto. El proceso de término de contrato, además, podría derivar en acciones legales por parte de la empresa afectada.

A través de un comunicado, SecureAlert Chile SpA señaló que recibieron la notificación y que esperan analizar el informe en los próximos días. "La tecnología que ha proporcionado para el programa de vigilancia electrónica cumple con los más altos estándares de rendimiento, ya que la misma tecnología sigue haciendo programas similares en países de todo el mundo".

La licitación de los dispositivos, de acuerdo a lo informado por la institución, se avaluó en $ 35.153.352.000. El costo de cada monitoreo continuo (para los condenados a libertad vigilada intensiva) era de $ 3.500 al mes. Para los monitoreos de arrestos domiciliarios, el presupuesto era de $ 2.450 mensuales.

Según estimaciones de Gendarmería, en 2014 un total de 6.670 reos serían beneficiados con reclusión parcial y 1.073 condenados obtendrían la libertad vigilada intensiva y pena mixta. Para 2015, se proyecta que 9.813 condenados usarían el dispositivo electrónico.

CONFLICTO PREVIO

En el proceso de licitación de los equipos se presentaron tres empresas. La única que cumplió con los requisitos e hizo una propuesta fue la estadounidense SecureAlert. Sin embargo, y según los cálculos de Gendarmería, el valor cobrado por la firma se excedía en cerca de $ 6.000 millones del presupuesto. Por esta razón, la licitación fue declarada desierta.

Luego, el 23 de mayo, la institución presentó en Mercado Público un nuevo llamado a licitación. Este hecho generó una arremetida legal por parte de la firma estadounidense, que el 5 de junio presentó un recurso ante el Tribunal de Contratación Pública, donde pidió que "se dejen sin efecto los actos ilegales y arbitrarios dictados por Gendarmería en la evaluación de la licitación". Finalmente, el tribunal dio la razón a la empresa.